La firma de origen indio Zamin Ferrous (Aratirí) tendrá 12 meses desde el momento en que firme el contrato con el Poder Ejecutivo para extraer hierro de la zona de Valentines (Treinta y Tres) y demostrar su capacidad financiera. Primero, y antes de que se cumplan seis meses de ese acuerdo, la empresa extranjera tendrá que mostrarle al gobierno cuál es su capital propio y, a su vez, qué porcentaje de la inversión representa ese monto. Luego, en el plazo de un año, tendrá que completar la información de su espalda financiera, ya sea con préstamos o líneas de crédito. Si cumplido ese plazo Aratirí no cumple con la exigencia establecida en la ley de minería de gran porte, el contrato cae. El escenario, entonces, se abre para que se licite el derecho de explotación, o bien el Estado decida entrar al negocio. Para eso, se deberá crear una empresa o un ente.
El contrato en proceso de negociación establecerá cuál será la inversión total, dato que servirá para determinar garantías y otros detalles como la exigencia de demostrar capital y financiación. Según dijo a El Observador el ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, la inversión de Aratirí se estima en US$ 2.770 millones.
No está claro –porque la ley de minería de gran porte no lo previó–qué porcentaje de la inversión debe ser asumida con capital propio y con financiación. De todos modos, si la firma extranjera informa que tiene 30% del dinero, luego tendrá que demostrar la capacidad de financiación por el restante 70%, por ejemplo.
El gobierno del presidente José Mujica ha dicho estar dispuesto a firmar el contrato con Aratirí aunque no haya conseguido la autorización previa de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). A cambio, anunció que establecerá una cláusula para impedir la extracción hasta tanto ese trámite con el organismo ambiental no otorgue el visto bueno.
“Después de la autorización ambiental, ellos tienen que pedir la toma de posesión, que es el amojonamiento (acto que establece los límites de la propiedad) con escribano. Luego no hay extracción posible porque se inicia la construcción durante tres o cuatro años del complejo minero. Los plazos para demostrar capacidad financiera son entre seis meses y un año, y antes de sacar la primera piedra deben haber demostrado esa capacidad. Así que eso es una tranquilidad”, explicó Kreimerman.
Si bien no es parte de las conversaciones cómo y adónde la empresa buscará su financiación al proyecto, en el contrato habrá cláusulas para establecer que debe ser “financiable”, comentó el ministro Kreimerman. Desde el movimiento ambientalista que critica la llegada de Aratirí, se indica que la firma del contrato antes de recibir el permiso ambiental genera solo beneficios para la empresa, que con ese documento tiene la posibilidad de conseguir préstamos en el exterior y buscar un comprador del negocio.
Garantías y cesión
Otro de los puntos clave del contrato y, por ende, de la negociación entre el gobierno y la empresa, son las garantías. Al Poder Ejecutivo le interesa dejar bien claro por escrito el alcance de las obligaciones de la empresa. La ley de minería aprobada el año pasado señala al detalle cómo deben funcionar.
Para garantizar el mantenimiento fiel del contrato, la empresa deberá presentar una garantía equivalente a US$ 139 millones. La ley plantea para ello varias opciones, desde un depósito hasta la presentación de un aval bancario.
“En el caso del plan de cierre no hay todavía una cifra definitiva porque es 100% de un horizonte de tres años, más 10% de todo el horizonte. Hay otro 10% para cubrir posibles multas ambientales. Por lo tanto, va a ser un monto variable, y dependerá del plan de cierre que todavía no ha sido presentado”, dijo el titular del MIEM. La empresa presentó un plan de cierre en 2011 junto con su proyecto, pero luego la Dinama le exigió actualizarlo de acuerdo a las exigencias de la ley. La empresa todavía no lo ha presentado.El gobierno le da especial interés al tema de las garantías.
Si Aratirí logra fimar el contrato con el gobierno, luego tiene derecho a cederlo a un tercero, para lo cual debe cumplir con algunas condiciones ya definidas por el gobierno. “Primero tiene que estar otorgado el permiso ambiental, firmado el contrato, adonde se establecen las condiciones. Y esas condiciones serán las mismas (para esa nueva empresa) que al menos se le exigen a Aratirí, sobre todo en las garantías”, comentó el ministro de Industria.
La hipótesis pesimista
El proyecto de Aratirí recibió la declaración de minería de gran porte en diciembre de 2013. Si la negociación fracasa y cumplidos 360 días más una prórroga de tres meses, no se firma el contrato, el gobierno toma la información y el derecho de explotación del hierro en la zona denunciada. Ese punto también es motivo de negociación, ya que la empresa invirtió varios millones de dólares en la exploración para llegar a conclusiones geológicas que hacen viable la inversión. De todos modos Aratirí deberá demostrar cuánto le costó esa tarea.
“Si no alcanza (a firmar el contrato) en 360 días habrá posibles prórrogas de 90 días si están de acuerdo las dos partes. Luego (Aratirí) tendrá prioridad ante la administración otros 90 días para presentar un posible interesado. Pero las áreas que había pedido para extraer hierro ingresan al registro de vacancias del Estado. Allí se pueden hacer dos cosas: que el Estado se quede con el área y explotarla por sí mismo, o subastarla. Podría también otorgarla, pero no parece lo más redituable. En caso de extinción o rescisión del contrato, la información del proyecto devengará en propiedad estatal en las condiciones establecidas en el contrato”, informó Kreimerman a El Observador.