Convertirá a ese país en el octavo productor mundial de hierro
Luego de críticas de todos los partidos, la empresa suspendió su idea de invertir, pero el gobierno generó un gran acuerdo nacional para reanudarla.
Los movimientos sociales están poniendo en aprietos a gobiernos y empresas, que ven cómo cada día es más difícil materializar grandes proyectos, aunque ayuden a avanzar a un país.
Es lo que ha pasado estos meses en Uruguay en Zamin Ferrous, al instalar un inmenso yacimiento de hierro en la zona central del país.
Es que el proyecto es tan grande para ese país que, si se cumplen las proyecciones, su producción hará que el PIB de Uruguay crezca 1,5 puntos más al año. Y por 30 años.
El proyecto Aratirí requerirá una inversión de US$ 3 mil millones para el levantamiento de un yacimiento de 10 mil hectáreas a rajo abierto. El proyecto de mineral de hierro dará empleo a 1.500 personas desde 2016, cuando empiece su operación, produciendo 18 millones de toneladas anuales, las que serán embarcadas a China a través de un puerto de aguas profundas que también debe levantarse, y que dinamizará las importaciones y exportaciones del país.
Protestas y críticas
Pero no todo es miel sobre hojuelas. El proyecto involucrará obras en seis departamentos (provincias) de ese país, por lo que las protestas, principalmente en las zonas no productivas, se han ido acrecentando, y desde mediados del año pasado se convocaron marchas en contra de Aratirí en distintas partes del país.
Y si bien las manifestaciones no han sido masivas, han tenido un fuerte eco en la clase política, que de manera transversal ha criticado el proyecto por sus impactos ambientales. Esto hasta que a mediados de 2011 la empresa acusó un «cada vez más enrarecido escenario político», suspendiendo las obras.
Ante esto la oposición y el oficialismo se recriminaron y el gobierno de José Mujica salió a negociar condiciones para la estabilidad de la inversión de la empresa india: creó una comisión especial multipartidaria para alcanzar un acuerdo transversal y designó un delegado encargado de analizar las condiciones de la empresa en ese país.
En todo caso, desde hace dos semanas que parece haber acuerdo entre el gobierno y la empresa, pues tras una reunión en la casa de gobierno de ese país, el ministro de Industria, Energía y Minería afirmó que el proyecto comenzará a operar, sí o sí, en 2016.
Hoy las protestas siguen, pero si la decisión política se mantiene, el puerto y el yacimiento deberían impulsar los ingresos fiscales y la economía uruguaya, además de asegurar, entre 2015 y 2017, un PIB de al menos 4% de avance, según ha proyectado The Economist.