Tal como habíamos reportado previamente, parte de la agenda de diversas comunidades de Cotabambas era el tema del tránsito de transporte pesado relacionado a las actividades del proyecto minero Las Bambas, en Apurímac. Recientemente, el contrato de servidumbre pactado entre la comunidad de Pisacasa y la empresa minera estaba por vencer. Los pobladores estaban disgustados porque el permiso que habían concedido era para el tránsito de vehículos durante el periodo de construcción de las instalaciones de la minera MMG; sin embargo, desde que iniciaron las actividades de extracción circulan más de 300 camiones por vías autorizadas para otro uso.
Conociendo el vencimiento del plazo y el conflicto ya generado, el Gerente a cargo de la carretera, Valery Niño de Guzmán, convocó a los dirigentes de la comunidad de Pisacasa a una asamblea para conseguir que se firme un acta elaborada unilateralmente por la empresa a la que representa. Parte del contenido del documento planteaba el desarrollo de un proyecto sobre crianza de chanchos, a cambio de autorizar el libre tránsito de vehículos a cargo de MMG. A pesar de la insistencia, los dirigentes se negaron a la solicitud.El reciente 25 de agosto, días después de la reunión con el gerente, mientras los pobladores de Pisacasa se encontraban en una faena comunal, apareció el General de la Región Policial de Apurímac, PNP Víctor Runcoba, junto a 400 policías que llegaron al lugar en varios buses. Se presentó en nombre del gobierno regional aduciendo que habían solicitado su intervención, ya que se trataba de una ‘vía departamental’. Además, instó a que los dirigentes firmen el acta redactada por Niño de Guzmán para solucionar el problema sin tener que aplicar la fuerza. La población mantuvo su posición dudosa de la participación del gobierno regional en este conflicto con la minera.
En efecto, mediante un decreto supremo y ad portas de su salida, el ex presidente Ollanta Humala determinó que la vía en cuestión sería departamental. Sin embargo, el Gobierno Regional de Apurímac no está detrás de esta presión ejercida sobre la comunidad de Pisacasa a favor de MMG y sus actividades mineras. El gerente regional Luis Calderón aclaró a los dirigentes que era falso que hayan solicitado al General Runcoba representarlos en este conflicto puntual donde además no tiene ninguna injerencia la autoridad regional.
Los comuneros han decidido llamar a una asamblea este miércoles 31 de agosto para evaluar esta lamentable actuación de la empresa MMG junto a la Región Policial de Apurímac. La verdadera agenda de la población para la mesa de diálogo de Cotabambas planteaba llegar a un acuerdo respecto al tránsito de vehículos por una vía alternativa que convenga a ambas partes pero nuevamente se confirma que la empresa minera sigue imponiendo su voluntad a espaldas de las comunidades impactadas.
29 de agosto de 2016
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Fuente:www.conflictosmineros.org.pe