La organización canadiense MiningWatch anunció una misión internacional de observación de derechos humanos en la comunidad indígena de Zacualpan, donde los intentos por imponer desde hace más de un año una mina de oro ha generado un conflicto que tensó el ambiente y podría generar el desbordamiento de la violencia.
En un comunicado, Jennifer Moore, directora de la organización para América Latina, informó que el propósito de la visita es documentar de forma directa “la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables”.
En la misión de observación, que se realizará del 1 al 4 de marzo, participarán representantes de 13 organizaciones internacionales y nacionales, entre ellas MiningWatch, Greenpeace, Fund for Global Human Rights, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Environmental Defender Law Center (EDLC), Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua) América Latina, Peace Action (Acción por la Paz) y la Iglesia Menonita Evergreen de Seattle, Estados Unidos.
Entre las agrupaciones mexicanas que formarán parte de la misión se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca; Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), con sede en 13 estados de la República mexicana; el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Morelos, y la Red de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”.
También, participarán a título individual cuatro personalidades invitadas: el antropólogo Gilberto López y Rivas, el investigador Gian Carlo Delgado, la cineasta Dana Rotberg Goldsmith y la periodista Rosa Rojas García.
En el estado de Colima, la misión de observación se entrevistará con representantes de distintas instancias gubernamentales como la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, y “a partir de ello saber de primera mano cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma que ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo”, expuso Jennifer Moore.
La sociedad de México y el mundo, añadió, durante todo 2014 y lo que va de 2015 ha tenido un amplio conocimiento sobre el conflicto generado en Zacualpan, debido a “la imposición y apoyo irrestricto, por parte de los gobiernos federal y estatal, a una concesión minera a nombre del señor Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer SA de C V pueda extraer oro de las tierras comunales” de esa comunidad.
Desde entonces, dijo la representante de MiningWatch, la comunidad ha fraguado una ardua lucha de resistencia y defensa por sus tierras y la vida a través de la presentación de varias denuncias y demandas legales, amparos, movilizaciones pacíficas y reuniones, en donde han buscado establecer distintos procesos de diálogo con diversos actores del gobierno, quienes de una u otra forma han estado vinculados a este caso.
El propósito de las movilizaciones de la comunidad de Zacualpan, abundó, ha sido para aclarar las “recurrentes negativas” a sus demandas, y han exigido respeto a sus derechos, que prevalezca como preponderante su proceso a la libre determinación, su derecho al usufructo pleno sobre su territorio, así como que se reconozca que los gobiernos federal y estatal han violado de manera flagrante el consentimiento previo, libre e informado.
De acuerdo con Jennifer Moore, el respeto a los derechos establecidos en la Constitución Mexicana y en diversas leyes y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, ayudaría a impedir la impunidad, fortalecería una mejor actuación para la real procuración de justicia, y no se tendría por qué apostar a una política que pretende imponer proyectos que dañan severamente tanto a la salud como al ambiente, sin el consentimiento de los pueblos.
“La información que tenemos indica que quienes promueven el proyecto minero han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera”.
MiningWatch también alertó sobre “la campaña de difamaciones implementada contra la organización Bios Iguana AC por apoyar y asesorar a la comunidad de Zacualpan, así como la serie de calumnias y agresiones dirigidas contra las mujeres y hombres de este pueblo indígena, quienes han resistido de forma pacífica y sin caer en provocaciones, a las agresiones corporativas y a la presunta complicidad gubernamental”.