Durante el Gobierno del Señor Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, como Presidente del Congreso Nacional, se aprobó bajo el Decreto Número 145-2013, con fecha 18 de diciembre de 2013 y en medio de la protesta social, la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, mejor conocida como Ley Hipoteca, que fue publicada en el diario oficial La Gaceta número 33,309 del 20 de diciembre del mismo año;esta Ley en su primer artículo autoriza la constitución de un programa integral de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, con el fin de que los mismos sean utilizados para el pago o readecuación de la deuda pública a más largo plazo y en mejores condiciones financieras que las actuales, para el aporte de capital semilla que haga viables financieramente el o los proyectos de explotación racional de los recursos o de la infraestructura referidos en este decreto.
Consideramos que esta ley es la punta de lanza que propicia, junto a la actual Ley de Minería, aprobada mediante Decreto número 238-2012 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 2 de abril del año 2013; vender, ceder y negociar los recursos naturales del territorio ante la incapacidad del Gobierno de visualizar otras alternativas de alternativas de desarrollo sustentable para el Estado de Honduras, menos dañinas y destructivas de la vida en su totalidad.
Así mismo vemos con preocupación cómo el gobierno actual promueve leyes nocivas que atentan contra la nación, el respeto a la vida y el goce de los derechos humanos de la población. Tal es el caso de lasreformas a tres artículos de la Constitución de la República para la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, la Ley de Minería, la creación de la Policía Militar del Orden Público, la Ley de Seguridad Poblacional y la Destitución de Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre otras medidas adversas.
Asimismo el Gobierno ha nombrado el 2015 como el año de la minería en Honduras, ofreciendo el país al mejor postor, apoyando a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) en un evento internacional que han nombrado: “Conclave Mundial De La Minería” y que se desarrollará los días 12 y 13 de Agosto de 2015 en la ciudad de San Pedro Sula, con el objetivo de crear la organización mundial de la minería con sede en San Pedro Sula y presentar ante 400 inversionistas internacionales 950 sitios los cuales están siendo investigados para determinar su potencial minero del país.
Hacemos notar que el Estado de Honduras sigue siendo incapaz de administrar eficientemente los recursos del país, evidenciado en el deshonroso primer lugar que el país ocupa en cuanto a vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos como lo señalan organismos internacionales, y que a pesar de ello junto a la iniciativa privada llamada el Consejo de la Minería e Industria Extractiva de Comercio e Inversiones (COMICOIN) se busca explotar destructivamente los territorios pertenecientes a nuestras comunidades sin la debida participación de la ciudadanía.
El este mismo sentido el gobierno actual, alega que la minería es de interés nacional, ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM 023-2015, para declarar 18 zonas de reserva minera a nivel nacional, la mayor parte de estos ubicados en áreas protegidas debidamente declaradas y peor aún sobre asentamientos humanos; 13 de dichas reservas se localizan en la Montaña de Botaderos, entre los departamento de Colón, Olancho y parte de Yoro, las 5 restantes distribuidas en los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán y Comayagua, sumado a los 950 sitios en investigación minera que se ofertarán en el Cónclave Mundial de la Minería, con la finalidad de abrir nuevos yacimientos.
Nosotros como Organizaciones de Sociedad Civil: Plataforma Agraria, Foro Social del Valle de Sula Margarita Murillo, Mesa Nacional de Incidencia y Gestión de Riesgo (MNIGR) y la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), en consideración de lo anteriormente expuesto nos pronunciamos y exigimos al Gobierno de Honduras:
- Derogar la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, por considerarla inconstitucional que atenta contra la soberanía nacional, viola los derechos de las comunidades y pone en riesgo la vida de todos los hondureños.
- Que la Corte Suprema de Justicia resuelva los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería, que ciudadanos comprometidos con la dignidad del país y la vida han presentado desde enero del 2014.
- Exigimos al Congreso Nacional retomar la propuesta de reforma a la Ley de Minería discutida y presentada por la sociedad hondureña y que no ha sido tomada en cuenta.
- Repudiamos la falta de voluntad política y exigimos un marco legal adecuado que respete y proteja los derechos de nuestros habitantes.
- Condenamos la actitud entreguista de nuestros gobernantes, pactando compromisos que violentan nuestros derechos; expresados en la Constitución de la República y convenios internacionales.
- Condenamos los actos de corrupción de funcionarios públicos en el concesionamiento irracional de nuestro territorio.
- Exigimos la aplicación y cumplimiento de los Convenios Internacionales que obligan al Estado a tomar decisiones sobre los recursos naturales del país de manera transparente, democrática y justa.
- Exigimos que se declare de interés nacional el respeto a la vida de las comunidades y se salvaguarden sus medios de vida prohibiendo la práctica de la minería a cielo abierto y el uso de sustancias químicas altamente tóxicas que en esta práctica se utilizan.
Evidenciamos que la industria extractiva no es ninguna alternativa de desarrollo para nuestros pueblos y comunidades, y que por el contrario, agranda la brecha de la desigualdad social y económica, la destrucción del medio ambiente natural, compromete los recursos para las generaciones futuras, atentando de esta manera en contra de todos los sectores sociales de nuestro país, en especial de los grupos más vulnerabilizados.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones de sociedad civil, organismos cooperantes y gobiernos comprometidos con el bienestar de sus pueblos a unirnos en esta lucha.