Referirse al proyecto expansión Andina 244 de Codelco sin duda implica un debate complejo. Este proyecto de expansión minera en proceso de calificación ambiental es uno de los más grandes en cuanto a inversión y extracción del mineral, el cual se emplaza en la zona central del país y conlleva enormes perjuicios ambientales, devela debilidades institucionales y muestra ciertos oportunismos políticos. Todo esto ha sido parte de las diversas apreciaciones, luego de que el proyecto ingresara por segunda vez a evaluación ambiental el año 2013.
La ampliación de la división Andina de la estatal Codelco, pretende afectar cinco glaciares en nuestra cordillera. Recursos hídricos de alta importancia para la cuenca del valle de Aconcagua que ya se encuentra con escasez hídrica y ríos contaminados, en parte, por la misma actividad minera de Codelco a la que se suma la de Anglo American.
En cuanto a la afectación de los glaciares, el proyecto ha sido poco riguroso en su estudio de impacto ambiental (EIA) y luego de las observaciones de los servicios públicos y la ciudadanía ha modificado el EIA señalando que sólo afectará cinco glaciares cuando en el estudio original señalaba que eran seis. Lamentablemente, en nuestra legislación vigente los glaciares no son reconocidos ya que Chile no cuenta con una ley sobre glaciares, que los defina, evalúe y proteja, por lo tanto todos aquellos proyectos de inversión que afectan este recurso son bastante laxos y confusos a la hora de ser evaluados ambientalmente. Pero la expansión del proyecto Andina no sólo afectará glaciares, implicará un aumento del material particulado, del consumo de agua, de la frecuencia y cantidad de mineral transportado vía tren por varias comunas incluyendo el aumento de carga en el Puerto de Ventanas, zona de sacrificio que hace más de 30 años se encuentra saturada de contaminación. Otro de los cuestionamientos ambientales al proyecto es la afectación del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca debido a que uno de los glaciares que se pretende afectar es La Paloma el que se encuentra en el área protegida.
Las otras dos aristas del debate respecto a este proyecto son, por un lado la falencia de la institucionalidad ambiental y su función en el aparato del Estado, y por otro lado el debate de corte más ideológico que siempre está presente cuando se habla de una empresa del Estado en nuestro país. En cuanto a la primera arista, son claras las debilidades que posee nuestra institucionalidad ambiental como garante de la protección del medio ambiente y de los derechos de las personas respecto a éste. El proyecto en su totalidad afectará a 13 comunas de las regiones Metropolitana y Quinta y a pesar de que el estudio de impacto ambiental recibió más de dos mil observaciones, la poca información, el difícil acceso a ésta, la falta de apoyo desde las instituciones públicas hacia las comunidades y lo breve del periodo de participación ciudadana para un proyecto de tal envergadura implicaron que la mayoría de la comunidad no tuviese acceso informado a los impactos de Andina 244. Falencias institucionales que implican que en los casos de comunas altamente contaminadas como Puchuncaví y Quintero sea posible seguir cargando ambientalmente el territorio y no exista una prohibición por parte del Ministerio de Medio Ambiente para ello, hasta que se solucione o mejore la situación de sacrificio ambiental en la que se encuentran.
Este proyecto pone en evidencia la falta de legislación ambiental acorde con las necesidades de las comunidades que apueste por protección a los recursos naturales que tienen mayor significancia para la vida humana. En cambio, existe un chantaje institucionalizado que aplica la lógica normalizada de que se debe optar entre trabajo o medio ambiente limpio, entre desarrollo país y desarrollo local, estas características de nuestra institucionalidad han implicado la creciente aparición de conflictos ambientales. Una institucionalidad que no regula y que permite la generación de disputas entre comunidad y empresa sin ninguna tutela significativa para las personas.
Lamentablemente esta inequidad cuando se trata de empresas del Estado tiende a tener un cariz más complejo. Sobre todo cuando se plantea que la producción de cobre se triplicará en la división Andina y que en los primeros 15 años de ejecución implicará 10 mil millones de dólares más para el Estado de Chile. Las posiciones sobre Codelco a nivel del debate binario entre Concertación y Alianza es por un lado, la mantención de la estatal como tal y por el otro la necesidad de privatizar a la minera para hacerla más eficiente y competitiva. En este sentido es que más allá de los glaciares, el debate último en torno a Andina 244 será por un lado la necesidad de mayores ingresos al Estado para enfrentar reformas sociales y la crisis económica, que supuestamente sólo el cobre puede cubrir y por otro, deshacerse de una empresa pública con trabas para modernizarse, contaminante y que además cuenta con la venia del Estado para hacer y deshacer en una competencia desigual en el mercado (ambas posiciones que generan una falsa contradicción y llevan al debate a un aspecto más bien de forma que de fondo).
Un proyecto de tal envergadura, uno de los más grandes de América Latina, no puede sino situarnos en otro nivel del debate; respecto al modelo de desarrollo que debemos seguir como país. Toda nuestra institucionalidad, el carácter público o no de los emprendimientos económicos, la participación social y el cuidado ambiental, radican en la definición de en qué y de qué modo queremos basar nuestro desarrollo. Desde nuestro punto de vista, Chile debe repensar seguir o no como país netamente extractivista y dar un viraje a un modelo más sustentable de desarrollo con un horizonte de derechos humanos que reconozcan la importancia de un medio ambiente limpio como base para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Debatir sobre una ley de protección de glaciares, sobre protección a la biodiversidad, sobre cambios al marco jurídico del agua, la factibilidad o no de planes de descontaminación, la creación de una entidad que defina sobre el futuro del litio, la discusión sobre el sistema de concesiones en nuestro país, sobre una estrategia energética o sobre estándares de salud., todo este debate debe implicar pensar de manera más estratégica, más estructural, nuestro modelo de desarrollo. En un periodo en el que se juegan posiciones respecto a reformas institucionales y de derechos sociales, quizás sea positivo generar un espacio donde sea posible plantear dar un paso más allá y es probable que un espacio popular constituyente no sea un mal experimento para ello.