Desde hace una semana, vecinos de Andalgalá acamparon en la plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños. Reclaman a la Corte Suprema la suspensión del proyecto minero de Agua Rica, para proteger las fuentes de agua y la población.
Vecinos de Andalgalá, Catamarca, acampan desde hace una semana frente a los Tribunales porteños de plaza Lavalle en reclamo a la Corte Suprema de Justicia, a quien acusan de tener “cajoneada” la causa sobre un proyecto minero impulsado por el gobierno provincial. La demanda fue iniciada en 2010 y solicita que se protejan las fuentes de agua, la salud de los habitantes y que se prohíba la nueva explotación. Andalgalá es un caso testigo de extractivismo: hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (la primera experiencia de megaminería de Argentina) y es una de las zonas más pobres de Catamarca.
Andalgalá está ubicada a 240 kilómetros de la capital provincial. Con veinte mil habitantes, conocen de megaminería desde la década del 90 porque de sus montañas se extrae oro y cobre (entre otros minerales). Se trata de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciado por contaminación y defraudación al fisco. Y desde hace una década el gobierno provincial impulsa un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (a cargo de la canadiense Yamana Gold), tres veces más grande que Alumbrera y que se ubica más cerca del pueblo (a sólo 17 kilómetros), donde nacen los ríos que proveen de agua a la población.
En 2010 las asambleas socioambientales y vecinos de a pie bloquearon el paso a los camiones de Agua Rica. Sobrevino una feroz represión, con una decena de heridos y detenidos. La respuesta fue una masiva movilización en la plaza principal. Y nació la Asamblea El Algarrobo. Todos los sábados marchan en el centro del pueblo y realizan campañas informativas. En enero de 2010 presentaron un amparo ambiental que hace hincapié en el derecho a un ambiente sano y solicita la suspensión del proyecto Agua Rica. Entre los fundamentos sobresale que el estudio de impacto ambiental de la empresa cuenta con treinta observaciones (calidad del agua, contaminación del agua y afectación de la población aledaña, entre otros) y, previo a la autorización de la provincia, no se realizó la audiencia pública que obliga la Ley General del Ambiente.
El amparo estuvo tres años frenado en el Poder Judicial de Catamarca y desde julio de 2013 en la Procuración General de la Nación, antesala de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2014, la Asamblea El Algarrobo acampó frente a Tribunales y reclamó por la demora judicial. La procuradora Alejandra Gils Carbó los recibió y prometió un pronto dictamen.
En diciembre de 2014, Gils Carbó dio luz verde para que la causa pase a la Corte Suprema porque las demandadas (Yamana Gold y el Estado Provincial) “estarían en condiciones de llevar a cabo operaciones o acciones que podrían resultar susceptibles de producir un daño al medio ambiente y a la salud que, debido a su magnitud y a las circunstancias de hecho, sea irreversible”. Gonzalo Fernández, uno de los acampantes, recordó que la procuradora también resaltó que el Poder Judicial de Catamarca (Juzgado de Garantía, Cámara de Apelaciones y Corte de Justicia) no actuó en base “al derecho vigente y que los jueces lesionaron garantías constitucionales de los vecinos de Andalgalá”.
En línea con los pedidos de los vecinos, Gils Carbó resaltó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional “en el que las cuestiones en debate (en la causa) involucran el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras”.
La causa judicial pasó por todos los despachos de los jueces de la Corte, pero no hubo fallo. El 1º de febrero, los vecinos se volvieron a instalar en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. “Segundo acampe por la vida. Sentencia ya”, es el título del comunicado de la Asamblea El Algarrobo, en el que cuestionan la demora del Poder Judicial y exigen que el máximo tribunal cumpla las legislaciones nacionales que establecen como derecho fundamental el vivir en un ambiente sano y el acceso al agua como un derecho humano.
Y advierten una posible maniobra: que los jueces de la Corte devuelvan la causa a los Tribunales provinciales. “El Poder Judicial de Catamarca se encargó de limitar el acceso a la justicia de los vecinos de Andalgalá a lo largo de estos años y fue también quien criminalizó la protesta e incluso ordenó represiones”, recordó Gonzalo Fernández.
Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y que acompaña a los vecinos de Andalgalá, explicó que en julio pasado ampliaron la denuncia porque el juez de Minas (Raúl Guillermo Cerda) le otorgó a la empresa minera (Yamana Gold) una ampliación de la mensura de tierras, de 800 hectáreas originales le cedió 16.000 hectáreas más. Y los vecinos presentaron documentación con la que afirman se demuestra la existencia de glaciares en el cerro Nevado del Aconquija (donde pretenden instalarse las mineras). “Se le pide a la Corte que resuelva el reclamo de fondo, que la resolución que autorizó el mega yacimiento minero es violatoria del Código de Minería y de la Ley General del Ambiente”, afirmó Katz.
La Asamblea El Algarrobo asegura que, de ponerse en marcha Agua Rica, será la “desaparición de Andalgalá”. Mantendrán el acampe hasta que la Corte Suprema se expida.