05/10/2021
El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) aseguró que “esta actividad origina inmensos impactos ambientales negativos en el agua, aire, flora y fauna nativa, y afecta la salud y vida de las personas, incluidos los miembros de la comunidad indígena y local”.
En el marco del diálogo interactivo con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) denunció que la actividad minera en Andalgalá, Catamarca, afecta la calidad de vida de las comunidades que allí residen.
En el encuentro, creado para dar seguimiento al cumplimiento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la abogada del organismo señaló que la exploración y explotación de los yacimientos mineros “origina inmensos impactos ambientales negativos en el agua, aire, flora y fauna nativa, y afecta la salud y vida de las personas, incluidos los miembros de la comunidad indígena y local”.
Según la letrada, la población de Andalgalá “vive en conflicto desde hace ya más de 20 años y sufriendo las violaciones a sus derechos fundamentales por parte del Estado Argentino”.
“La Ciudad de Andalgalá, en Catamarca, Argentina, está ubicada en el valle sur de las Sierras de Aconquija en la precordillera. Su población está conformada por integrantes del Pueblo Indígena Diaguita Calchaquí y ciudadanos no indígenas. Este cordón montañoso se encuentra cubierto de glaciares y ambiente periglaciar, y de él nace la cuenca del río Andalgalá que sustenta la vida en la zona”, relató.
Y continuó: “Sobre este ecosistema y a escasos 17 kilómetros de la plaza principal del pueblo, la empresa minera canadiense Yamana Gold, intenta explorar y explotar el yacimiento minero Agua Rica”.
En ese sentido, la abogada expresó la preocupación del colectivo ante “la falta de aplicación de los derechos humanos, incluidos los definidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, ya que el Estado no escucha el reclamo de las comunidades y “se empecina en autorizar las actividades mineras, violando así sistemáticamente la normativa ambiental y particularmente la normativa nacional que prohíbe la exploración y explotación de la minería en ambiente glaciar y periglaciar”.
Una lucha criminalizada
Desde hace 4 años que la ciudadanía de Andalgalá se moviliza para exigir el fin proyecto MARA de la ex minera Agua Rica, que viola la ley de glaciares, ya que se establece en una zona periglaciar protegida por la norma. Este proyecto estará dirigido por tres empresas: Yamana, Glencore y Newmont.
En abril de este año, los vecinos y vecinas realizaron la marcha número 584 contra la megaminería contaminante. Ese día la represión fue brutal, y 12 asambleístas fueron detenidos. Al día de hoy, los vecinos implicados continúan judicializados.
En la última semana, cinco mujeres fueron llamadas a declarar por su imputación en el marco de la causa donde se las acusa de atentar contra la empresa Yamana. “La denuncia está basada en la acusación por pintadas a un establecimiento de la minera durante una protesta en junio de este año. No tienen pruebas solo testimonios de empleados de la empresa de seguridad”, explicó el abogado de las acusadas.
Desde la pueblada de abril, un total de 17 personas fueron judicializadas. “Es una maniobra de amedrentamiento para acallar la protesta social y avanzar contra nuestro territorio”, denunciaron los asambleístas.
Andalgalá: denuncian al extractivismo minero ante las Naciones Unidas