El viernes 9 de marzo se reinicia el juicio en el proceso penal del caso Condorhuain, seguido contra 17 defensores del agua y la vida que son procesados por graves delitos ante la Corte Superior de Justicia de Ancash. Los líderes indígenas están acusados de graves delitos y sobre ellos pesa la amenaza de hasta 30 años de cárcel.
Esos delitos son contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, contra la libertad y secuestro, contra el patrimonio en la modalidad de daños graves, y contra los medios de transportes y comunicaciones y otros servicios públicos en agravio del Estado. Los acusan por participar el 11 de abril del 2007 en una movilización contra la imposición minera en sus territorios, específicamente en el cerro Condorhuain, lugar sagrado donde nacen las aguas que abastecen a las comunidades de la zona para su consumo y sus actividades agrícolas.
Es allí donde la empresa minera Barrick Misquichilca ha solicitado una concesión que afectaría a más de ochenta ojos de agua. Las comunidades de la zona no han sido consultadas, como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este proyecto minero afectadirectamente a la comunidad campesina Santiago Antúnez de Mayolo y a los centros poblados de Acomarca, Ucru, Pacchac, Quenuayoc, Cruzpampa, Atipayán,Picup y Cochac, al impactar gravemente contra la cantidad y calidad del agua.
Las organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos del Perú han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos de la criminalización y están a la espera de la respuesta del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, los líderes y dirigentes indígenas judicializados bordean el millar.
En este caso concreto, a los acusados se les está vulnerandolos derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a reunirse pacíficamente, a participar en forma individual o asociada en la vida política,económica y cultural de la nación, y a su identidad étnica y cultural.
Por tanto,SOLICITAMOS:
Remitir cartas a las siguientes instituciones:
· César San Martín Castro, Presidente de la Corte Suprema, ongei@pcm.gob.pe
. Marco Leopoldo de la Cruz, Fiscal Superior deAncash, mdelacruz@djancash.mpfn.gob.pe
· José Antonio Peláez Bardales, Fiscal de la Nación, ministeriopublico@mpfn.gob.pe
· Carlos Mesía Ramírez, Presidente del Tribunal Constitucional, webmaster@tc.gob.pe
· Antonio Medina Ortiz, Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Medio Ambiente y Ecología delCongreso de la República, amedina@congreso.gob.pe
Y DEMANDAMOS:
1. Corte de juicio para todos los procesados en el caso Condorhuain.
2. Declarar la inconstitucionalidad y derogar los decretos legislativos de la criminalización.
3. Cese de la persecución y judicialización a los líderes y dirigentes comunales que defienden sus derechos.
4. Respeto y aplicación de los derechos a la consulta y consentimiento previos, libres e informados.
5. Declarar intangibles las cabeceras de cuenca que la Ley de Recursos Hídricos reconoce como zonas vulnerables.
Relación deprocesados:
1. Carmen Rosa Shuan vega.
2. Basilio Baldomero Lázaro Barreto.
3. Teodoro Rodriguez Lauret
4. Alejandro Vargas Coral.
5. Luciano Bernardo Caushi Torres.
6. Paula Macedo Guerrero.
7. Raúl Peller Ángeles Mejía.
8. Vicente Castromonte Sánchez.
9. Antonio Mariano Carrillo Sánchez.
10. Américo Róger Sánchez Bolívar.
11. Eugenio Vicente Gonzles Sánchez.
12. Cosme Haro López.
13. Macario Rufino Santos Guerrero.
14. Clotilde Paulina Araucano Bobadilla.
15. Humberto Teófilo Ramírez Nieves.
16. Eustaquia Miranda de Zambrano.
17. Abraham Yauri Miranda.