Los expertos fueron cuestionados sobre los proyectos mineros en la entidad, dando cuenta de las afectaciones sociales, ambientales y a la salud de la minería tóxica, manifestándose así en contra de dichos proyectos.
La Paz, Baja California Sur.- Este 1 de marzo, la Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C., junto con las organizaciones Medio Ambiente y Sociedad (MAS), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Agua Vale Más que Oro (AVMO) llevaron a cabo el foro “Minería en México: Un análisis Social, Económico y Legal”, en donde expertos en la materia dejaron claro que la permisiva legislación mexicana ha dado pie a la creación de graves conflictos sociales y ambientales en todo México, poniendo en riesgo también a municipios como La Paz y Loreto, en Baja California Sur (BCS).
“Las actividades de las grandes empresas mineras han detonado serias implicaciones socio-ambientales, gracias a una legislación ad hoc que permite el uso prioritario de la tierra y el agua a favor de los monopolios mineros sin considerar seriamente las afectaciones ambientales y excluyendo a las comunidades en la toma de decisiones sobre sus territorios”, señaló Gian Carlo Delgado Ramos, miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sergio Serrano Soriano, de la organización ambientalista Pro San Luis Ecológico, parte de la resistencia civil contra la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, expuso que “en las dos últimas décadas estas empresas se han introducido en nuestro país ocupando gran parte del territorio nacional”:
“En el año 2010 tenían concesionado el 28.58% del territorio del país. Esto lo han permitido las leyes que tienen incidencia en los recursos naturales, entre ellas la de minería, desregulando la protección anterior para facilitar su apropiación por el capital internacional”.
El doctor Delgado Ramos insistió en que “la actual legislación minera en México tiene serias implicaciones sociales y ambientales”, pues “permite una ausencia de regulación puntual al capital extranjero, otorga un excesivo plazo de las concesiones de hasta cincuenta años prorrogables, entregando con ello la riqueza nacional de manera prácticamente indefinida y sin importar las coyunturas socioeconómicas futuras, permite una discrecionalidad en torno al pago de primas y regalías y la clara desprotección de los pueblos, incluyendo a los indígenas, y el simulacro de darle a esos últimos una supuesta preferencia para que realicen actividades mineras”.
Serrano Soriano agregó que “en los recientes once años las compañías mineras han extraído del país más de 250 toneladas de oro, 2.5 veces más que el obtenido durante los trescientos años de dominio colonial, y en la actualidad tienen en concesión un tercio del territorio nacional, equivalente a la superficie de España. Eso les puede dar una idea de la velocidad, intensidad y magnitud de cómo han destruido y dividido pueblos, y en muchos casos también envenenado y condenado el futuro de varias generaciones sin que el gobierno lo impida, por lo cual es necesario diseñar nuevos modelos de desarrollo a partir de las necesidades de la gente y no de las trasnacionales”.
Los expertos fueron cuestionados sobre los proyectos mineros en la entidad, dando cuenta de las afectaciones sociales, ambientales y a la salud de la minería tóxica, manifestándose así en contra de dichos proyectos.