Los conflictos sociales ocasionados por la explotación minera en zonas indígenas se extienden por toda la costa del Pacífico mexicano, y su proliferación ha despertado el interés de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recientemente envió a un relator especial para analizar el estado que guardan las zonas en conflicto.
Los conflictos han alcanzado al estado de Michoacán, en donde la ONU ubica uno de los focos rojos en materia social por el conflicto que enfrenta la empresa italoargentina Ternium, que explota 75 hectáreas de tierras comunales del pueblo nahua de San Miguel de Aquila.
Aun cuando la trasnacional ha desarrollado una política de regalías para compensar a los indígenas “a la que no estamos obligados por las leyes mexicanas”, destacan los empresarios, lo cierto es que esa política ha sido insuficiente para detener el descontento entre los comuneros, que regularmente se oponen a las políticas productivas de la trasnacional y convierten a la zona en una fuente permanente de conflicto que no haya como detener el gobierno estatal.
Los indígenas michoacanos han denunciado que la empresa ha ampliado la extracción de mineral a más de 130 hectáreas, cuando su concesión y los acuerdos con la comunidad sólo les autoriza 75 a más, y la acusan de reducir discrecionalmente el pago de las regalías pactadas y de dividir a la comunidad haciendo pagos individuales y negándose a depositar los recursos en la cuenta común aprobada por su asamblea.
Adicionalmente, acusan a Ternium de ocasionar severos daños ambientales que van desde la desviación y contaminación de ríos y aguas continentales, hasta la devastación de montes y selvas y la desaparición de la flora y la fauna local, daños por los que niegan a responsabilizarse, acusan los comuneros.
Por ello, la costa michoacana fue uno de los puntos que analizó en su reciente visita a México el relator especial de la ONU, Saúl Vicente Vázquez, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de esa organización multinacional.
El resultado de la primera visita del relator especial se expuso apenas el pasado 31 de mayo ante al duodécimo periodo de sesiones de la Organización en la ciudad de Nueva York, en donde Vázquez expuso la problemática social de las explotaciones mineras en México y adelantó la elaboración de un trabajo en curso Que lleva por título Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias.
En su informe preliminar, el especialista refiere que entregó copia del cuestionario base de la investigación tanto a representantes indígenas como a la Secretaría de Economía y a la Cámara Minera Mexicana (Camimex), pero señaló que “desafortunadamente no recibí repuesta oficial, por lo que algunas interrogantes siguen presentes”.
De las comunidades indígenas afectadas por esta industria, el relator recibió fuertes reclamos por el incumplimiento de las autoridades mexicanas en el respeto y protección de sus derechos, por la falta de participación en procesos de consulta consentimiento del otorgamiento de concesiones y de la operación de este tipo de industrias en sus territorios, por la criminalización de sus protestas , por la pérdida de sus recursos naturales, impactos medioambientales negativos, la afectación a su salud provocada por los procesos de extracción, denunció ante el pleno de la ONU Vicente Vázquez.
Luego de refrendar su preocupación ante las crecientes tensiones en lo que denomina agentes externos y pueblos indígenas por la explotación minera, el relator especial concluye demanda que las empresas mineras cumplan “con sus obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos, sus códigos de conducta” y establezcan y cumplan los principios rectores de su responsabilidad corporativa A las autoridades federales, el relator les pide asumir su papel de garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas, detener la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las mineras y castigar a los responsables de los crímenes cometidos contra líderes indígenas.
Sin duda alguna que la construcción de una política pública coherente, incluyente y respetuosa del ambiente y los pueblos indios, por parte del Estado mexicano, no se instala en la inmediatez ni en la urgencia que las comunidades demandan. Ante esto y como proceso de transición se pueden analizar y retomar experiencias que se encuentran en proceso.