ver accion urgente aqui: http://amnesty.org/en/library/asset/AMR28/001/2015/es/a2dcfcc5-c413-43e8-85da-480e588705c9/amr280012015es.html
Información complementaria
Intag es una región del norte de Ecuador con abundantes bosques subtropicales y una rica biodiversidad. A principios de la década de 1990, cuando arrancó el primer proyecto minero, las comunidades de Intag se organizaron para luchar contra la realización de actividades de minería en la zona. Consideran que el proyecto minero de Lurimagua, dirigido por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI), causaría daños al entorno de la región, lo que incluye sus recursos hídricos.
Amnistía Internacional lleva varios años recibiendo informes y testimonios sobre la intimidación, el acoso y las agresiones que sufren quienes participan en campañas contra el proyecto minero de la región de Intag. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha criticado públicamente las actividades de estos activistas en sus mensajes televisivos semanales al conjunto del país. Para más información, véase la AU 334/13 (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR28/004/2013/es).
En mayo de 2014, la comunidad de Junín denunció una fuerte presencia policial en respaldo de la ENAMI, que, al parecer, estaba llevando a cabo actividades de exploración minera. Los miembros de la comunidad se quejaron de que la amplia presencia policial interfería con sus quehaceres diarios y limitaba su derecho a la libertad de circulación. Una comisión de observadores de los derechos humanos visitó la región y comprobó que la presencia policial equivalía de facto a una situación de estado de excepción, puesto que se habían limitado derechos como la libertad de circulación, de expresión y de asociación.
Una de las preocupaciones que expresan las comunidades afectadas por el proyecto minero de Lurimagua es su falta de voz y voto. En repetidas ocasiones, las autoridades de Ecuador han tratado de restar importancia a sus reivindicaciones de mayor participación, alegando que la expansión de la industria extractiva es necesaria y beneficiosa para el desarrollo de la nación. Aunque muchos argumentan que ciertos proyectos o leyes pueden aportar beneficios a las comunidades locales, es vital que las decisiones que afecten a sus derechos humanos se tomen en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Esto requiere que se respete el derecho de las personas a la información y participación, así como su derecho a ser consultadas.
Preocupa a Amnistía Internacional que en los últimos años se hayan presentado cargos espurios por delitos comunes contra dirigentes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado de poner freno a sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. La organización ha documentado casos de dirigentes contra quienes se han formulado cargos por delitos como los de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, secuestro, asesinato, lesiones, robo, entrar sin autorización en propiedad ajena y obstrucción ilegal de vías públicas en el contexto de manifestaciones contra leyes y políticas, en particular las relacionadas con recursos naturales.
Nombre: Darwin Javier Ramírez Piedra y Víctor Hugo Ramírez Piedra