El terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo en el oriente de Japón, con la consecuente crisis nuclear por las explosiones de los reactores de la central Fukushima I, en la ciudad de Okuma, han puesto en tela de juicio a nivel mundial la utilización de la energía atómica como alternativa a los combustibles fósiles. Aunque le pese al lobby empresarial nuclear a nivel internacional, el debate sobre la seguridad de la energía nuclear está instalado y las repercusiones políticas son incontables.
América Latina, con sus seis centrales nucleares en Argentina, Brasil y México —a nivel mundial hay 442 en unos 30 países—, es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en diversas regiones del mundo.
En Argentina las centrales nucleares generan el 6.2% del suministro eléctrico del país. Allí está en funcionamiento desde 1974 la planta nuclear Atucha I, en la ciudad de Lima, provincia de Buenos Aires. La segunda planta es la llamada Embalse, que funciona desde 1983 en la localidad Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba, en el centro del país. Atucha II, que tuvo sus obras de construcción detenidas por más de 20 años y reiniciadas a mediados del 2007, empezaría a funcionar este año. Además, en diciembre del 2010 se confirmó la construcción de la cuarta central nuclear del país, Atucha III.
Rubén Navarro, gerente de control de reactores de la Autoridad Regulatoria Nuclear argentina, dependiente del gobierno, dijo que las usinas de Atucha I y Embalse tienen “diferencias fundamentales” con las de Japón, tanto en su tecnología como en su localización, según información de varios medios argentinos. Para el especialista, la situación en el estado asiático no debería motivar medidas extraordinarias en las usinas de su país.
Apuestan por energía nuclear
En tanto, en Brasil, el presidente del Congreso José Sarney, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, declaró a raíz de lo ocurrido en Japón con la central de Fukushima I que su país tiene que revisar su programa nuclear, analizar mejor el desarrollo de esa energía.
En el país están operativas las centrales de Angra I (1985) y Angra II (2001), en el municipio de Angra dos Reis, en el oriental estado de Rio de Janeiro. Juntas proveen el 3.1% del suministro total de electricidad del país. Angra III empezó a ser construida el año pasado y el gobierno tiene prevista la instalación de otras tres plantas.
La organización ecologista Greenpeace solicitó el 18 de marzo al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que suspenda su programa nuclear. La entidad manifestó su preocupación por la vida y la integridad física de los habitantes de Angra dos Reis y de todo Rio de Janeiro, y considera que la energía nuclear es una amenaza ambiental, social y económica muy grave. En contrapartida, demandó el uso de energías renovables. Informaciones periodísticas dieron cuenta que la suspensión de la energía nuclear no estaba en los planes gubernamentales.
A su turno, en México está la central nuclear Laguna Verde, ubicada en la localidad de Punta Limón, estado de Veracruz, en el sureste del país. Laguna Verde cuenta con dos generadores inaugurados en 1989 y 1995, y abastece el 4% del suministro eléctrico total del país.
La planta es duramente cuestionada por organizaciones ambientalistas. El Grupo Antinuclear Madres Veracruzanas, por ejemplo, alegó que Laguna Verde es de las mismas características que Fukushima I y que su sistema de enfriamiento es similar al esa central japonesa.
Lobbies en acción
En Chile rige una Ley de Seguridad Nuclear, que permite el uso regulado de la energía atómica. En el país hay dos reactores nucleares experimentales o de investigación, en manos de la gubernamental Comisión Chilena de Energía Nuclear.
En los últimos seis meses la administración del presidente chileno Sebastián Piñera ha firmado acuerdos con los gobiernos de Francia y EEUU para cooperación en materia de energía nuclear. De hecho, fue uno de los temas más importantes de la agenda del presidente estadunidense Barack Obama en su visita a Chile el 21 de marzo.
Diversas organizaciones sociales chilenas están preocupadas con el tema y se manifestaron varias veces en los últimos meses contra el uso de la energía nuclear en el país, por la amenaza ambiental y social que implica. Critican, además, el derrochador modelo energético nacional, basado en la importación de combustibles fósiles y en la hidráulica., porque no tiene en cuenta la sustentabilidad socioambiental y es decidido por las grandes corporaciones transnacionales.
Eduardo Giesen, del Colectivo VientoSur de Chile, dijo a Noticias Aliadas que los acuerdos sobre energía nuclear firmados por su país con Francia y EEUU apuntan como fin último a la instalación de plantas nucleares en el territorio nacional. Esos convenios “están orientados a desarrollar esta energía dentro de la matriz energética, no tienen otros fines y nosotros lo denunciamos abiertamente”.
Aunque fuentes gubernamentales afirman que no existe un programa nuclear y que no se planea instalar una planta de ese tipo, Giesen advirtió sobre el fuerte lobby nuclear existente en Chile a través de operadores ligados a grupos empresariales de EEUU, Francia y Rusia principalmente.
En Uruguay está prohibida por ley la generación de energía nucleoeléctrica, pero actores políticos de diversos partidos están promoviendo su utilización, para lo cual se podría derogar la norma legal.
Consultado por Noticias Aliadas, el activista Leonard Mattioli, de la organización ambientalista Red de Ecología Social-Amigos de la Tierra Uruguay, dijo que la “catástrofe de Fukushima I ha terminado por desmoronar las tres grandes mentiras de quienes apoyan la utilización de la energía nuclear: que es limpia, segura y barata”, más si se tiene en cuenta que el país asiático es el “paradigma de la alta tecnología y la eficiencia”.
El ambientalista destacó que la inseguridad de la energía atómica es evidente, llamó la atención por la amenaza de la radioactividad y manifestó su preocupación por los riesgos para la vida y la producción de alimentos que la industria nuclear tiene.
Pero otros países de la región, como Perú y Venezuela, no tienen previsto por el momento el desarrollo de la energía nuclear.
El presidente peruano Alan García planteó el 17 de marzo declarar a su país territorio libre de energía atómica. Consideró que el Perú, además de ser un país sísmico, tiene suficientes recursos hidroenergéticos, gasíferos y petroleros como para comprometerse a no tener energía nuclear por los próximos 100 años por lo menos.
Por su parte, el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó el 15 de marzo el congelamiento de los planes preliminares de energía nuclear del país debido a la crisis ocurrida en Japón. Para Chávez, “no hay la menor duda de que esa situación altera fuertemente los planes de desarrollo de la energía nuclear en el mundo”. -Noticias Aliadas.