Isidro Baldenegro tenía 51 años. Era un activista indígena mexicano. El jueves 12 de enero del presente año fue a la comunidad de Coloradas La Virgen. Una tía suya estaba enferma y quería acompañarla a una revisión médica en la comunidad de Baborigame. Si el también asesinado Víctor Jara cantó a la vida eterna en cinco minutos, la muerte agazapada esperaba en las cinco horas de viaje que separan Coloradas La Virgen de Baborigame. En un recodo de aquellas altas tierras, Isidro recibió seis balazos. El autor del crimen es un sicario relacionado con el crimen organizado. Isidro Baldenegro había sido galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, al norte de México. Era la cuarta muesca de las pistolas asesinas de la región tarahumara en un año. En 2016 habían sido muertos los activistas Victor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo.
AQUEL TRES DE MARZO SIN ESPERANZA
Viñeta del Paisá sobre Berta Cáceres
Hace un año y unos pocos días, La Esperanza, la ciudad más alta de Honduras, dormía. Conocida como la “ciudad del manto blanco” por sus neblinas, ignoraba que aquella noche iba a caer sobre ella negro sudario. Cuatro sicarios avanzan por las calles silenciosas y oscuras. Se detienen frente a una casa de tejado de doble agua. Nada rompe la paz de la noche. Salvo ellos. Penetran en la vivienda y, sigilosos y criminales, llegan hasta la habitación donde ella duerme. Los disparos resuenan y algo muy bello y necesario de este mundo es asesinado.
Berta Cáceres, líder y activista indígena, había recibido el premio Goldman Environmental Award por la valiente defensa de los ríos de su tierra.
Podríamos añadir más casos, más nombres, más rostros… más cadáveres.
Por ejemplo. Sandra Viviana Cuéllar, colombiana responsable del Global Forest Coalition, líder de las luchas contra el “desierto verde”, defensora de los derechos laborales y ambientales frente a la expansión del cultivo de palma aceitera y de caña y opuesta a la explotación minera de la Pacha Mama. Andarina que recorrió durante dos las américas a pie, bailarina apasionada en los desfiles del Cali Viejo, fue “desaparecida” en 2011.
O por ejemplo, Bety Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), defensora de los derechos humanos, resistente frente a las multinacionales mineras, asesinada en una emboscada de paramilitares en el estado mexicano de Oaxaca en abril de 2010. Escuchen, por favor, sus palabras un momento:
“Aquí no más vergüenza por la piel/ por la lengua, por el vestido, por la danza/ por el canto, por el tamaño, por la historia/ Aquí el orgullo de sernos/ morenitas, chaparritas, llenitas,/ ñuu savis bonitas,/ ñuu savos valientes,/ con la frente digna/ aquí no el silencio/ aquí el grito/ aquí la digna rabia”
UN TERRORÍFICO SUMA Y SIGUE
El año pasado se dio a conocer un informe que estremeció si no al mundo, al menos a las personas que se enteraron de sus conclusiones. Estaba avalado por Front Line Defenders, una ONG con sede en Dublín.
La activista Berta Cáceres
Según esta organización, en 2015, al menos 156 activistas pro Derechos Humanos habían sido asesinados o muertos mientras estaban detenidos en 25 países del mundo.
Más de la mitad de las muertes, 87, habían sido en América Latina, destacando Colombia con 54 asesinatos.
Fuera de América, Filipinas era el país con peor registro, con 31 asesinatos de activistas de Derechos Humanos.
El 45% de los asesinatos en América Latina estuvieron relacionados con la defensa del medioambiente, las tierras y los derechos de los pueblos indígenas.
Los conflictos por la tala derivaron el año pasado en los asesinatos de 15 ecologistas en el mundo, según el informe de la ONG. La minería (42), la agroindustria (20), las hidroeléctricas (15) y la caza furtiva (13) fueron los otros sectores cuyas disputas ocasionaron más muertes.
El segundo grupo más golpeado fue el de los defensores de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexual, transgénero e intersex (LGBTI) con el 15% de los 87 asesinatos en América Latina.
En el informe se responsabiliza a los agentes estatales, las empresas y los grupos paramilitares de una buena parte de las agresiones e intimidaciones contra los activistas.
Como resume Front Line Defenders: “Defender los Derechos Humanos en América Latina siguió siendo extremadamente peligroso y la criminalización de los movimientos de Derechos Humanos y protesta pacífica persistió. El tema más preocupante continúa siendo la violencia extrema”
LAS CORPORACIONES Y LA LÓGICA CAPITALISTA
Que en América Latina la vida no valga nada no es resultado de una condena bíblica, de un particular ADN al sur del río Grande o de una sangre atávica en sus venas abiertas. Los asesinatos, desapariciones y criminalización de activistas defensores de los derechos por la tierra son el fruto podrido de maniobras orquestales no tan en la oscuridad. Detrás de esta persecución sistemática están los caciques y las corporaciones. Son los intereses depredadores de los ricos y poderosos locales aliados a las grandes multinacionales mineras, hidroeléctricas y agroindustriales los que mecen y pagan las manos que empuñan las pistolas. En cada bala que mata a quien defiende a la tierra y a los indígenas está la sombra alargada de una presa hidráulica, de una tala de bosques, el desierto verde de un monocultivo intensivo o la destrucción de una sierra para extraer sus entrañas.
Esta espiral de terror responde a la tradicional lógica del capitalismo colonial, reforzada en este periodo de hegemonía neoliberal con una vuelta de tuerca al proceso de acumulación por desposesión. Las comunidades indígenas, el mundo campesino, los activistas en defensa del medio ambiente y de un desarrollo sostenible son palos en la rueda implacable de la maximización del beneficio. Lisa y llanamente hay que apartarlos del camino de la acumulación de capital. El indio bueno es el indio muerto.
LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES
Complicado sería para los caciques y las multinacionales llevar a cabo sus campañas de terror si tuviesen la oposición de los aparatos represivos del estado. Pero como es de imaginar esto no sucede y, además de sicarios y grupos paramilitares, los vampiros de la tierra gozan de la política de avestruz de las autoridades. La impunidad con que actúan los asesinos, extorsionadores y torturadores es tan amplia como vergonzosa. Mientras que la mano que mata y el cerebro que ordena pasean sus mil artimañas y sus mil influencias por juzgados y comisarias, las víctimas se las ven y se las desean para hacerse oír por la, más que vendada, maniatada justicia.
Pero no hay solo permisividad, existe también colaboración estatal con los caciques y las corporaciones. Sencillamente, los activistas son perseguidos por las autoridades. Las denuncias falsas, los juicios amañados, las detenciones arbitrarias, la brutalidad policial y la violación de domicilio y oficinas son algunos de los medios utilizados contra los defensores de la tierra y los derechos humanos. Junto al terror de los sicarios, la criminalización desde el estado de los activistas, para así apartarlos de la lucha y dejar el camino libre a los expoliadores y piratas.
Urge pues acabar con la impunidad de las multinacionales, el vampirismo de los caciques y la corrupción de los estados. Medidas internacionales de control y rendición de cuentas a las corporaciones son necesarias. Pero, ¿son posibles?, ¿quién pone el cascabel al tigre del beneficio desalmado?
Por ahora, quien lo intenta en América Latina muere. Mejor dicho: lo asesinan.
por RAMÓN QU, periodista y escritor
Fuente:http://www.remamx.org/2017/03/america-latina-donde-el-ecologismo-cuesta-la-vida/