Grupos ambientalistas de mayor influencia en la entidad sudcaliforniana, como son Sociedad de Historia Natural Niparajá, Agua vale más de oro, Medio Ambiente y Sociedad (MAS) y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), exigieron al Presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, al Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor y a la Alcaldesa del XIV Ayuntamiento de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, que manifiesten públicamente su rechazo al megaproyecto minero “Los Cardones”, promovido por la empresa Desarrolladores Zapal del Grupo Invecture.
Luego de afirmar que este megaproyecto minero es un “refrito” de los proyectos “Paredones Amarillos” y “Concordia”, Agustín Bravo Gaxiola, representante de CEMDA en Baja California Sur, aseguró que prevalece la inconstitucionalidad del proyecto, pues el programa de manejo de la Reserva Sierra de la Laguna impide la modificación de paisaje y limita el uso y manejo del agua.
“El decreto de creación del área natural protegida de la Sierra de la Laguna prohíbe dentro de la reserva verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes; además la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) sigue estimando que son terrenos nacionales”, expresó Agustín Bravo.
Precisó el activista que es competencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la SEMARNAT defender y hacer valer este hecho durante la oposición a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Los Cardones.
“Además las comunidades que conviven y viven en la Reserva de la Biósfera ya albergan actividades económicas exitosas, como la agricultura orgánica, que ha generado miles de empleos en la cuenca de La Paz; es la oportunidad que tiene para hacer valer su palabra el gobernador, pues durante su campaña electoral se opuso a la minería metalúrgica tóxica”, expresó Bravo Gaxiola.
Por su parte, Meredith de la Garza, Directora de Niparajá, consideró que “un proyecto que creará trescientos empleos por diez años no justifica los impactos ecológicos que causará la mina”.
Dijo que tanto el gobernador Marcos Covarrubias y la Alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán cuentan con facultades trascendentales para detener a Grupo Invecture, “la alcaldesa puede, a través del POEL, prohibir este tipo de actividades riesgosas y contaminantes, además puede participar dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) y no autorizar el uso de suelo”.
En conferencia de prensa conjunta, Ariel Ruiz Castillo, presidente de la agrupación ecologista “El agua vale más que oro», informó que las cooperativas pesqueras de la zona, rechazan el proyecto, “pues los afecta directamente, ya que la desaladora que pretende construir la empresa a cargo de la mina, se realizaría en “Las Playitas”, donde las dos cooperativas atrapan langosta, ostión y escama. De instalarse la desaladora de «Los Cardones», se afectaría a ciento veinte familias que dependen de la pesca”.