El debut de las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Medio Ambiente, en el caso de la mina Pascua Lama, fue recibido con escepticismo entre los ambientalistas. Si bien nunca antes se había aplicado una multa de 16 millones de dólares, la resolución no se hace cargo del daño ambiental generado, a la vez que plantea una “suspensión” más virtual que real porque está vigente desde abril una medida cautelar de la justicia.
Pascua Lama es una concesión de la empresa transnacional Barrick Gold, ubicada en el límite entre Chile y Argentina en la cordillera de la Región de Atacama. Desde un comienzo el proyecto ha sido cuestionado por su impacto en los últimos glaciares de la zona y por la contaminación de las aguas que bajan a los valles.
Para Samuel Leiva, coordinador de Campañas de Greenpeace, “perfectamente podía haberse aplicado la revocación de los permisos en función del daño ambiental que está comprobado dentro del proceso de sanción. Es tan vergonzoso el fallo que incluso Barrick Gold declara que se le sancionó por incumplimientos administrativos de la normativa medioambiental pero no por daño ambiental”, afirmó.
En tanto el periodista Javier Karmy, quien ha seguido por años el desarrollo del caso, la respuesta de la institucionalidad llegó demasiado tarde: “Se está haciendo una señal para decir que las instituciones funcionan, que la ministra está muy preocupada, pero esto es una autodenuncia que hizo Barrick hace un tiempo, pero ha desoído a las comunidades en 10 años de conflicto. Desde 2001 que las comunidades del Valle del Huasco han estado alzando la voz, y recién el año 2013 las autoridades dicen escuchar y darse cuenta de lo que está sucediendo”, cuestionó el investigador.
El origen de la investigación empezó por dos incidentes que fueron informados por la misma empresa a la Superintendencia, situación que a posteriori motivó una fiscalización más amplia, en la que se determinó que había otros 23 incidentes además de los consignados en la autodenuncia.
16 millones de dólares ¿mucho o poco?
La cuantía de la multa se ha publicitado como histórica, sin embargo en proporción a la inversión total que representa el proyecto aurífero, de más de 8 mil millones de dólares, no parece tener un mayor efecto en el panorama actual de Pascua Lama, de acuerdo a Samuel Leiva «en concreto la Superintendencia lo que hace es darle una multa que es menos incluso que lo que obtuvo el presidente de la Compañía, como bono de producción por el año pasado».
La faena de construcción del yacimiento se encuentra suspendida por una orden judicial, en virtud de una medida cautelar adoptada por la Corte de Apelaciones de Copiapó en abril pasado. Sin embargo, Javier Karmy advierte que el lobby de Barrick no sólo llega directamente hasta el Gobierno, sino que trabaja desde ya con los candidatos presidenciales que pueden dar continuidad a la actual política minera.
«Recientemente Barrick se reunió en La Moneda con la ministra María Ignacia Benítez, el titular de Minería Hernán de Solminihac, y el ex ministro de Economía Pablo Longueira. Entonces vemos cómo la empresa sigue no sólo presionado por distintos lados -incluso haciendo lobby en la casa de Gobierno de Chile para solucionar sus problemas-, sino que además seguramente los candidatos están muy preocupados de lo que pueda suceder para ver si puede seguir haciendo su campaña», señaló.