Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) denunciamos el hostigamiento judicial y las amenazas hacia don Roberto de la Rosa Dávila por parte de la empresa minera Frisco, cuyo dueño es el magnate Carlos Slim; y exigimos al Estado mexicano que garantice su seguridad a través de las instancias institucionales correspondientes.
Don Roberto es un líder campesino de la comunidad de Salaverna, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, México; que desde hace una década ha venido luchando contra el despojo y el desplazamiento forzado de su pueblo por parte de la empresa minera de Slim, quien pretende llevar a cabo un cambio en el uso de suelo para explotar la mina subterránea de cobre “Tayahua”, localizada en Salaverna, con la técnica de tajo a cielo abierto.
Recientemente, en el marco de la contingencia nacional por el covid-19, las agresiones hacia don Roberto se han intensificado. El pasado mes de abril recibió una serie de amenazas por trabajadores de la empresa y se inició un hostigamiento judicial por personal de la casa de justicia del municipio vecino de Concepción del Oro, luego de un altercado que tuvo con empleados de la minera donde les exigió que dejaran de destruir su territorio, toda vez que mantenían las labores de acondicionamiento para el cambio de uso de suelo.
De este modo, la empresa no sólo violó las disposiciones gubernamentales que indican la suspensión de las actividades mineras al ser consideradas como no prioritarias, sino que también violó el proceso legal por la disputa de los terrenos que sigue pendiente entre la comunidad y este grupo minero. Todo indica que la compañía se aprovechó del contexto de emergencia sanitaria para seguir adelante con su iniciativa de despojo territorial, lo cual, muestra la peor cara de este sector empresarial, pues ni en un escenario de crisis de salud global ha respetado las leyes y los derechos humanos de la comunidad.
Hacemos un llamado urgente a que cese el hostigamiento y las amenazas hacia don Roberto, que se garantice su seguridad inmediata y que el Estado mexicano cancele el permiso de cambio de uso de suelo a Grupo Frisco debido al daño social y ambiental que ha causado. Reclamamos que se ejerzan las sanciones correspondientes y que se imponga un alto ya a la impunidad de Carlos Slim.
