07 de Mayo de 2012
Darío Rodríguez Duch
Tanto las grandes corporaciones mineras, como los gobiernos nacional y provinciales, pretenden instalar el concepto de que a través de la mega minería se crearan fuentes de trabajo genuinas y se promoverá la economía local de las distintas regiones postergadas
omitiendo informar que, hasta el momento, ningún país ni región en el mundo que haya basado su economía en la explotación de la mega minería ha generado, siquiera someramente, una situación parecida al «desarrollo».
05/05/2012. Como ejemplo de ello tenemos los casos de países tradicionalmente mega mineros, tales como Zambia, Sierra Leona, Papúa, Nueva Guinea, Bolivia, Ghana, República Democrática del Congo, Ecuador o Colombia, dentro de los cuales pudo constatarse que éste tipo de minería no significó un modelo de desarrollo sustentable y que, en cambio, sí generó devastación ambiental y diferentes problemas sociales, económicos y culturales en relación con las comunidades vecinas.
Vale aclarar que quienes venimos denunciando esta situación a lo largo y ancho del país no nos oponemos a la minería en general, toda vez que muchos de los materiales obtenidos a partir de la misma resultan útiles para el desenvolvimiento de la vida en sociedad y para el desarrollo tecnológico del que hoy disponemos.
Actualmente existen distintos tipos de minería que permiten extraer, procesar y comercializar determinados materiales sin necesidad de producir un daño irreparable al planeta y sin consumir enormes cantidades de agua, dejando en cambio un importante valor agregado social, laboral y económico a las comunidades circundantes. Sólo en la Patagonia contamos con la posibilidad de extraer la Bentonita, el Caolín (tiza), la Piedra Laja, la Diatomea (alga petrificada utilizada en filtros de piletas); la Halita; el Feldespato, el Cuarzo, la Diatomita, la Fluorita, etc. Este tipo de minería cuenta con enormes posibilidades en la medida en que se proponga un contundente apoyo por parte del estado, se diversifique y se amplíen sus usos.
Entre las otras alternativas de desarrollo que pueden también desplegarse en las regiones tradicionalmente postergadas deben priorizarse las que tiendan a recuperar la entidad y el potencial que poseen las distintas economías regionales, aplicando para el caso políticas agropecuarias que respeten la diversidad de los sistemas productivos, de los sistemas de comercialización y de gestión de los espacios rurales de cada lugar.
Para esto resultará esencial mejorar la infraestructura de servicios mediante inversiones que equiparen las regiones más postergadas con cualquier otra región de la provincia, tanto en caminos como en comunicaciones, en tendido de luz eléctrica, sistemas de riego y de acceso al agua potable. Vale aclarar que cuando éste tipo de inversiones son realizadas por las grandes empresas mineras, el costo que insumen las mismas resulta descontado luego del IVA, lo que equivale a decir que igualmente las está pagando el estado, es decir, todos nosotros.
Respetando la identidad y el modelo de desarrollo que decidan darse los pueblos originarios y colaborando en la diversificación de sus modos tradicionales de producción, se estará cumpliendo debidamente con el mandato constitucional del art. 75, inc. 17 y con el Convenio 169 de la OIT, a la vez que se podrán desarrollar medios alternativos para afrontar la crisis económica y territorial que hoy experimentan. Constituyen una verdadera opción los sistemas con los que distintas comunidades indígenas vienen proponiendo el cultivo de especies nativas, la cría de guanacos y choiques en su hábitat natural y hasta proyectos de piscicultura en la zona de Pilquiniyeu del Limay.
Resultará esencial favorecer la formación de cooperativas de productores que les permita comercializar sus productos en forma directa a lo largo de toda la cadena comercial, generando mano de obra local y promoviendo, a su vez, inversiones destinadas a la innovación tecnológica.
El sector ganadero debe ser objeto de políticas que permitan a los pequeños y medianos productores recuperar su stock perdido durante los últimos años merced a los problemas climáticos, las cenizas, las sequías persistentes y las políticas destructivas del sector. Por ello, resulta necesario intensificar el manejo del rodeo en las zonas áridas, incorporando un plan de ganadería intensiva bajo riego, recuperando las tierras abandonadas y permitiendo que los productores que quedaron recientemente fuera del sistema puedan regresar al campo y reintegrarse a las actividades productivas mediante programas de estimulo.
Empleando las nuevas tecnologías y recuperando la tierra ociosa en muchos de los valles que podrían ser irrigados como parte de una política de estado (hoy son cerca de 18 en Río Negro), podría también mejorarse notoriamente el ciclo ovino, así como los lugares de descarga y engorde. De este modo se generaría una importante producción de carne de alto valor para el mercado interno y se optimizaría el procesamiento de los cueros. Estas actividades hoy se realizan en forma incipiente pero podrían ser llevadas a otra escala mediante una coherente intervención del estado.
Otro de los aspectos a desarrollar es el procesamiento textil a pequeña y mediana escala para el lavado, peinado, cardado e hilado industrial de las distintas calidades de lana producidas en todas las regiones hoy consideradas «aptas para la minería», con lo cual se puede brindar un importante valor agregado al producto así obtenido que lo torna en económicamente sustentable, lo que resultaría literalmente imposible en caso de avanzarse con el proyecto mega minero, en tanto se degradaría gran parte del hábitat de los mismos y se arruinaría la pureza de su lana.
A fin de recuperar la justicia distributiva debieran también eliminarse las retenciones a sectores tan postergados como el lanar, al tiempo que debería exigirse un efectivo cumplimiento de las Leyes de Comercialización y Contratación.
Resultará indispensable en este camino recuperar el rol que, tanto el Banco de la Nación Argentina como el agente financiero provincial, no debieron haber perdido jamás en la generación de créditos blandos y en la promoción efectiva del desarrollo para el sector de los pequeños y medianos productores. Asimismo, desde el propio estado debiera proponerse la adquisición a precio justo a las cooperativas de toda la carne, frutas, verduras, huevos y demás insumos necesarios para abastecer a los distintos planes de alimentos y comedores escolares a cargo del estado.
Para no seguir presionando al ya castigado sector rural con la amenaza del remate de sus tierras, podría también adecuarse la normativa nacional que impone el SENASA respecto de los requisitos bromatológicos y sanitarios. Tal legislación hoy excluye a un gran sector de pequeños productores de la posibilidad de comercializar dignamente la carne de sus animales, pudiendo habilitarse, mediante la debida garantía del estado provincial, un sistema claro, transparente y económico que permita trasladar y vender sus productos en las grandes ciudades en condiciones sanitarias óptimas.
Los micro emprendedores, artesanos, pequeños empresarios turísticos o de transporte, y todos aquellos que dan cauce a emprendimientos familiares o sociales y que, por ende, proponen un claro empleo de la mano de obra local y regional, deben contar con el acceso a fuentes de financiamiento específicas mediante la implementación de subsidios y créditos blandos, promoviéndose la idea de que en cada uno de los municipios se permita la instauración de una «habilitación social», que incluya a su vez el control bromatológico gratuito y la unificación de las tasas a través de un sistema simplificado y único.
El desarrollo agroindustrial también puede brindar un aporte significativo al valor agregado de cada producto. Promoviendo las agroindustrias, la soberanía alimentaria y la diversificación productiva también se contribuye en brindar alternativas válidas a la gente, contando para ello con la posibilidad de desarrollar la hoy denominada «Agro Ecología», sector ampliamente en crecimiento en las grandes economías mundiales. Un ejemplo de ello es la posibilidad de producir, procesar y comercializar semillas orgánicas.
Podría también desarrollarse el incipiente «Turismo Alternativo», en franco crecimiento, que permite a un público cada vez más exigente la posibilidad de conocer las regiones menos contaminadas del mundo; así como del turismo ecológico, o de observación científica a nivel botánico, entomológico y ornitológico. Vale decir que este tipo de turismo genera indefectiblemente mano de obra local y reinversión dentro de la región a través de una industria no contaminante.
A su vez, si lograran promoverse desde el propio estado los sistemas de «construcción natural», hoy cada vez más valorados por su aptitud para los climas fríos y cálidos, el viejo problema de la falta de vivienda de los pobladores rurales podría ser resuelto mediante una opción válida y económica, a la vez que coherente con los modos tradicionales y culturales de construcción de las comunidades originarias, generando trabajo para otros tantos oficios, dado que harán falta carpinteros, herreros, especialistas en adobe, albañiles.
En definitiva, existen distintas alternativas productivas que bien podrían priorizarse antes de proponer la implantación del proyecto mega minero en la provincia, en tanto resultan opciones sustentables, tanto económica como culturalmente, pero no así éste último que, además de agresivo y riesgoso, puede constituir un camino sin retorno.