Ante la reciente suscripción del gobierno de Chile del llamado Convenio de Minamata, tendiente a eliminar la utilización del mercurio en el planeta, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) declara:
1. Celebramos el esfuerzo de años de organizaciones no gubernamentales y comunidades para visibilizar los impactos callados que el mercurio genera en el ser humano y los ecosistemas, sin duda que el hecho de que 87 países suscribieran un convenio sobre estas materias es un importante reconocimiento a esta labor.
2. Nos preocupa, eso sí, el énfasis que el subsecretario de Minería Francisco Orrego marcó al sostener que “Chile comparte que la prohibición de la minería primaria de mercurio constituía una decisión fundamental de este Convenio, pero como un caso excepcional y único en la minería primaria”, es decir, se refiere a una minería que no existe en Chile, y deja fuera al mercurio como subproducto, lo que va en la línea de encubrir a la megaminería del oro que opera en Chile, que produce y exporta mercurio, tal como fue denunciado en el informe “Emisiones de Mercurio en la Megaminería en América Latina”.
3. El gobierno una vez más demuestra su alianza con la megaminería química transnacional, defendiendo sus intereses en asuntos de Estado, sosteniendo a la vez una actitud implacable con la minería artesanal chilena, que sin duda debe optar por nuevas tecnologías menos contaminantes, pero nada se ha publicado de capacitaciones o apoyos como para que esto sea posible.
4. En último término, y en nuestra calidad de socios de IPEN, Red Internacional de Eliminación de Contaminantes persistentes que congrega a mas de 700 organizaciones en 116 países, solidarizamos con las víctimas de la catástrofe de Minamata, y señalamos que denominar este acuerdo con el nombre del pueblo japonés, resulta una provocación, pues el convenio relega al ámbito voluntario el saneamiento de los sitios contaminados, las compensaciones y las mitigaciones; no considera el principio precautorio entre sus líneas y las exigencias que esto traería consigo, y en definitiva es más bien un hito comunicacional que puede alertar a las personas y comunidades sobre la peligrosidad de esta sustancia para presionar por políticas territoriales, más que garantizar el resguardo de los derechos fundamentales que eviten nuevos accidentes o que exijan reparación proporcional en el caso de que los hubiera.