Un estudio de la Defensoría del Pueblo señala que no sólo está ganándole terreno a la agricultura, sino que está afectando algunos páramos. Pide a las autoridades mayor control y garantizar los derechos de las comunidades.
Cundinamarca se ha caracterizado por ser un departamento con vocación agrícola. De los 2,4 millones de hectáreas, 64 % se destina a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la minería le viene quitando terreno. Y no sólo a la agricultura, sino que también amenaza las zonas de páramo. Y aunque algunos resaltan que la explotación de recursos naturales ha generado desarrollo en los municipios, lo que realmente preocupa son los efectos irreversibles sobre el ambiente y los daños a la comunidad, al vulnerar “su derecho al agua, al acceso a la tierra y a un ambiente sano”.
Esta es la principal conclusión de un estudio de la Defensoría del Pueblo, en el que analizó el crecimiento de la minería en el departamento y sus efectos. Entre los hallazgos están explotación minera en áreas de ecosistemas, baja producción de agua, incumplimiento en los planes de manejo ambiental, cambios y degradación de los suelos, ruptura del tejido social entre las comunidades cercanas a las zonas de explotación y ausencia institucional para evitar estos problemas.
Según la Agencia Nacional Minera, en la actualidad hay 1.013 licencias mineras activas en el departamento, que explotan 8 % del territorio. Sin embargo, están en trámite 1.062 licencias nuevas que, de ser aprobadas, al menos 912.000 hectáreas (38 % del territorio departamental) quedarían en manos de las mineras.
En medio del estudio, la Defensoría identificó el otorgamiento masivo de títulos en áreas de importancia ambiental, por las características de sus ecosistemas, en inmediaciones a las zonas de páramos. Algunos casos los evidenciaron en las veredas El Peñón y San Miguel (ubicadas a 2.900 m.s.n.m.), del municipio de Sibaté; San Jorge (ubicada a 3.250 m.s.n.m.), en Soacha, y la zona rural de Choachí, cerca de los páramos Cruz Verde y el Parque Natural del Sumapaz.
En estos casos, dice el organismo, “existe la explotación minera en ecosistemas con vegetación característica de páramo y se encuentran áreas con nacimientos de agua”. La consecuencia es previsible: el deterioro de los páramos, porque son nacederos hídricos, que proveen agua a las poblaciones. Pero el problema no se queda ahí.
En Sibaté, las afectaciones también son de tipo social y económico, que se desprenden de incumplimiento del plan de manejo ambiental por parte de las empresas que explotan los títulos mineros y la explotación ilegal. Esto ocurre por falta de seguimiento de las autoridades competentes. “La comunidad de estas veredas enfrenta problemas de salud por la contaminación en sus fuentes de agua y bajas en los rendimientos de sus cultivos”, dice la Defensoría.
La vereda San Jorge de Soacha se caracteriza por tener parte de la riqueza ambiental del municipio. Y a pesar de estar encima de los 3.100 m.s.n.m., las autoridades otorgaron títulos para la extracción de arenas sílices, desconociendo la importancia de los recursos naturales de la zona. Esto ha generado la movilización de la comunidad, que reclama la protección de estas áreas por ser zona de abastecimiento de agua.
En Choachí descubrieron actividades de exploración y explotación minera legal e ilegal en territorios por encima de los 3.200 m.s.n.m. La alerta es por la cercanía a la zona de reserva de los páramos Cruz Verde y Parque Natural del Sumapaz. Pese a estar cerca de una zona protegida, actualmente están en trámite 21 solicitudes para explotar recursos en esta población.
Ante la falta de control institucional y el apoderamiento de la minería sobre los espacios protegidos y las zonas de cultivo de los campesinos, la Defensoría del Pueblo solicitará la intervención de organismos como la Agencia Nacional de Minas, la CAR y el Ministerio de Minas. Además, una acción más decisiva del Estado en materia de prevención.
Teniendo en cuenta este panorama, el masivo otorgamiento de títulos mineros y la expansión de esta actividad, la Defensoría hace un llamado a todas estas autoridades para que adelanten acciones articuladas en aras de mitigar el problema y proteger el derecho humano al agua, sin afectar el derecho al desarrollo económico que tienen las regiones en el departamento.
Rey y Peñalosa llegan a acuerdos
El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey firmaron un convenio para trabajar en 17 frentes estratégicos. Los mandatarios, que han dejado ver sus diferencias en temas como el cobro de peajes que propone Peñalosa para financiar las vías de acceso a la Capital, se pusieron de acuerdo para trabajar en asuntos como movilidad, medio ambiente, abastecimiento de agua, disposición de residuos sólidos, ordenamiento territorial, seguridad alimentaria y seguridad ciudadana. “Desde Cundinamarca seguimos intentando cerrar diferencias técnicas para beneficiar, además, a los bogotanos”, declaró Rey, quien precisó que los más beneficiados serán los 10 millones de habitantes que viven en los municipios cercanos a Bogotá.
Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alerta-mineria-cundinamarca-articulo-642165