La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Gobierno mexicano a atender y resolver los conflictos que genera la extracción minera en territorios indígenas.
«La intensidad de los conflictos y su creciente número, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, es preocupante», advierte un reporte sobre las industrias extractivas en México, elaborado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
«Refleja (los conflictos) una importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, y las obligaciones de las instituciones y de las empresas extractivas nacionales y transnacionales», destaca el documento.
En México, refiere, se tienen documentados al menos 19 conflictos mineros, y más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales, según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
En el reporte, presentado ayer en el marco del 12 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se indica que los conflictos se presentan en las zonas de tradición minera en los estados de Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí, pero además en la Sierra Madre Occidental y las Sierras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz.
Un caso emblemático, señala, es el de Wirikuta, en Real del Catorce, San Luis Potosí, donde huicholes de Jalisco, Durango y Nayarit tienen en el Cerro del Quemado su principal centro ceremonial.
En esa zona, que se encuentra dentro de un Área Natural Protegida, se otorgaron 76 concesiones mineras, lo que ha generado diversas protestas.
Ante estos casos, Naciones Unidas llama al Gobierno mexicano a reformar la Ley Minera, la de Aguas Nacionales, la Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Derechos para que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Pide además castigar a los responsables de crímenes que se han cometido contra líderes indígenas, de los que documenta dos casos en Oaxaca, además de dejar de criminalizarlos en sus protestas.
Aunque señala que en este siglo ya se reconoce la existencia generalizada de conflictos por la minería, lamenta que todavía no se ha desarrollado un mecanismo legal para que se hagan consultas abiertas cuando se va a iniciar un proyecto, por lo que pide a México crear una Ley Federal de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, basada en los estándares internacionales.
«Armonizar su Constitución y sus leyes con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, particularmente en los Artículos 2, 26, 27 y 115 de la Constitución», sugiere.
A la Cámara Minera de México (Camimex) también le pide hacer estas consultas antes de cualquier exploración.