El jueves último, ocho alcaldes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas acordaron convocar una mesa de diálogo a nivel provincial como parte de las reuniones técnicas multidisciplinarias de gestión ambiental de dicha provincia.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, el objetivo del mencionado espacio sería contar con un convenio con las empresas extractivas que vienen realizando actividades de explotación y exploración en la zona.
En las negociaciones se incluirán a las mineras Hudbay, Anabi y Ares. Las dos primeras cuentan con antecedentes poco positivos en cuanto a relaciones comunitarias y responsabilidad con el medio ambiente.
La próxima reunión está programada para el 21 de setiembre en el distrito de Livitaca.
El caso de la minera Hudbay.
Desde el martes 9 de agosto, la comunidad campesina de Chilliroya del distrito de Livitaca, acata una medida de fuerza contra la empresa minera Hudbay, propietaria de la Minera Constancia en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
El tránsito en el Puente de Chilloroya fue parcialmente bloqueado por diversas organizaciones locales que se instalaron en la zona. El transporte local continúa con normalidad, sin embargo, aquellos vehículos y maquinarias pertenecientes a la empresa minera fueron impedidos de ingresar a la vía.
La demanda de la comunidad recae en el incumplimiento de la empresa con os compromisos pactados, ya que las familias reubicadas en el distrito de Coporaque en la provincia de Espinar, afirman que aún no reciben el pago íntegro por las tierras superficiales.
La empresa en cuestión tampoco habría cumplido con cancelar los montos pendientes con referencia a la ocupación del proyecto de ampliación de Pampacancha.
Asimismo, denuncian maltratos de parte de la empresa a los trabajadores locales, la contaminación ambiental en el tajo de mina y el tránsito de vehículos que transportan minerales hacia Matarani.
Por ello, exigen la presencia del gerente general de la empresa canadiense y no quieren entablar el diálogo con los gerentes locales, ya que estos debilitaron la confianza entre ambas partes.
Sin embargo, la fecha de la posible llegada del directivo no se define y eso habría acentuado el descontento de la población.
Se prevé una mayor presencia policial en la zona con el objetivo de reanudar las actividades regulares de la minera, bajo el riesgo de desencadenar situaciones de violencia con la población local.