La minería ha rasgado la piel de nuestra capital, generando impactos ambientales, sociales y económicos, difíciles de mitigar. El Alcalde Enrique Peñalosa y el Concejo de Bogotá tienen en sus manos la posibilidad de eliminar esa actividad definitivamente con el nuevo POT, de lo contrarío, tendremos minería en una extensión equivalente a 17 parques Simón Bolívar.
Cuando se habla de gran minería en Colombia, posiblemente las primeras imágenes que nos llegan a la cabeza son las de departamentos como Cesar, la Guajira o Boyacá. Pero al ingresar a Bogotá por la Autopista Norte, la Autopista Sur o la vía al Llano, inmediatamente nos cambia esa percepción y evidenciamos, visualmente, los grandes impactos de esta actividad. Por lo tanto, hay que conocer al menos 4 aspectos en los que la actividad minera en Bogotá deja más impactos negativos que beneficios:
Impactos a las finanzas distritales: Entre el año 2000 y el 2012, Bogotá recibió 1.524 millones por concepto de regalías por minería, sin embargo, a 2012, la Contraloría Distrital anunció que dicha actividad económica sumaba hasta ese momento un pasivo ambiental[1] por 37.000 millones de pesos. En el mismo sentido, entre el año 2000 y el 2016, el Distrito invirtió 15.624 millones en intervenciones de mitigación de riesgos en zonas de antiguas canteras que en muchos casos se encuentran ocupadas por desarrollo urbano y/o viviendas de estratos 1 y 2. El aspecto económico es entonces la primer evidencia de lo costosa que resulta dicha actividad económica para la ciudad.
Impactos a la atmósfera: Para quienes viven en las zonas aledañas a la extracción minera de Usme, Tunjuelito o Ciudad Bolívar, particularmente, es usual encontrar bastante polvo en ventanas o muebles de las casas, pero también es usual ver en las estadísticas distritales, que estas localidades son las que más reportan casos de Enfermedades Respiratorias Agudas. Y no es para menos, las emisiones sólidas tienen su origen en las propias actividades extractivas, su transformación y transporte, aunque no hay que dejar de lado los gases emitidos por la combustión de la maquinaria y las emisiones naturales durante el proceso de extracción. Además, hay que sumarle el ruido y las vibraciones que generan dicha actividad.
Impactos al suelo: Como mencioné al iniciar este artículo, los daños al paisaje son los más visibles de la actividad minera puesto que son los que todos pueden percibir sin mayor esfuerzo. Pero hay que precisar que los daños en este aspecto se basan en la desertificación y la modificación del relieve. Para el primer aspecto hay que recordar que el suelo de Bogotá es de interés ecológico nacional con destinación prioritariamente agro-forestal, tal y como lo señala la Ley 99 de 1993, sin embargo, la actividad minera ha intensificado la deforestación, erosión y pérdida de suelo fértil en los territorios expuestos. En el segundo aspecto, se genera gran desestabilización de laderas por las sobrecargas y/o excavaciones y por las alteraciones en el nivel freático.
Impactos al recurso hídrico: Quienes se han visto afectados por las inundaciones del Río Tunjuelo podrían culpar -en parte-, a las actividades de extracción minera, dado que generan acciones como la incorporación de partículas sólidas en el río, el aumento de la carga de fondo y el incremento en las tasas de sedimentación aguas abajo del río. Pero la minería también ha generado importantes alteraciones en la dinámica fluvial y en el régimen hidrogeológico de la cuenca.
Ahora bien, lo preocupante es que a 2016, según la Agencia Nacional Minera en Bogotá hay 40 títulos mineros que ocupan 2.781 hectáreas, hay 10 solicitudes de contratos de concesión por un total de 3.340 hectáreas y otras ocho solicitudes de legalización por un total de 816 hectáreas, lo que finalmente plantea un potencial minero en la capital del país de 6.937 hectáreas. Si se hace una comparación, se podría decir que en Bogotá se pretende explotar un territorio 17 veces más grande que el Parque Simón Bolívar.
También a 2016, según la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría Distrital de Ambiente, existían 134 predios afectados por la extracción de materiales de construcción y arcilla, de estos, 102 están ubicados en el perímetro urbano de la ciudad. Del total de dichos predios, 98 son de carácter ilegal y no se ha logrado el cumplimiento de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, situación que incrementa los problemas ya expuestos.
Como ordenó la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-273 de 2016, son las autoridades regionales y municipales, las que podrán establecer zonas que queden transitoria o permanentemente excluidas de la minería, particularmente, mediante la aprobación y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. Es así, como en este año, el Alcalde Enrique Peñalosa y el actual Concejo de Bogotá, tienen no solo la autonomía sino el deber de decirle NO MÁS a esta actividad en el Distrito y la de generar un plan de transición para los ciudadanos que dependen de esta actividad económica.
Alcalde, juéguesela por el ambiente en Bogotá.