Las organizaciones de vecinos y Ong’s celebraron ayer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) de confirmar la prohibición para realizar minería metalífera a cielo abierto en la provincia. Sin embargo, el fallo encendió las alarmas en la industria a nivel nacional, porque se está generando un antecedente «para una actividad que en otras provincias es real y tiene mucho potencial».
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“Esta decisión tiene importancia nacional e impacta en la minería de todo país”, indicó José Díaz, de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor).
En este sentido, el empresario señaló que tras conocerse el fallo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem) se comunicó con Córdoba para conocer detalles de la decisión judicial.
Díaz indicó que la cámara provincial esta estudiando si presentar un recurso extraordinario para llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia. “Vamos a hablar con nuestros abogados, los asociados y la Caem, y vamos a leer el fallo para evaluar los pasos a seguir”, dijo.
El TSJ ratificó la plena constitucionalidad de la ley 9.526, que prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realice bajo la modalidad “a cielo abierto” o cuando para ello se utilicen sustancias como el cianuro, el mercurio y otras calificadas como peligrosas.
La norma también prohíbe las explotaciones mineras de uranio vinculadas a la generación de energía nuclear.
La acción declarativa de inconstitucionalidad había sido planteada por la Cemincor y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear.
Tribunal Superior: el ambiente es un bien colectivo supremo
El TSJ argumentó que las restricciones establecidas en la ley son razonables si se tiene en cuenta que “el ambiente constituye un bien colectivo supremo”, que debe ser preservado. Y destacaron que la norma tiene por fin “amparar un uso razonable del agua y mantener en niveles aceptables los efectos contaminantes de determinadas actividades prácticas y procesos mineros”.
La ley, elaborada por el Gobierno Provincial, fue aprobada por la Legislatura en 2008.
En junio de 2010, el TSJ admitió estudiar si la ley era o no constitucional.
Roberto Baillie, miembro de Traslasierra Despierta, aseguró que habían trabajado con técnicos y abogados para que la iniciativa se encuadrara en el andamiaje jurídico minero.
Por su parte, Díaz indicó que las empresas mineras cordobesas están “al tope de las exigencias a nivel nacional”.
Y agregó: “Se ha prohibido algo de imposible cumplimiento porque es algo que no hay en Córdoba. En concreto, sólo se prohibiría una explotación de manganeso que pertenece a la provincia. No hay minería metalífera a cielo abierto en Córdoba”.