El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El informe, titulado La minería en Guatemala: Derechos en peligro y publicado hoy, señala las importantes brechas en cuanto a la protección de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La nueva legislación presentada por el gobierno guatemalteco no sólo no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes.
“La legislación propuesta esquiva de hecho las cuestiones que preocupan a las comunidades. No aborda de forma significativa la cuestión de la consulta. Si se promulga, significaría esencialmente que las opiniones y preocupaciones de las comunidades siguen sin tenerse en cuenta. Es una gran oportunidad perdida”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
En la actualidad se encuentran ante el Congreso unas reformas a la Ley de Minería que se redactaron en 2012. Sin embargo, las reformas propuestas reproducirán las lagunas actuales, al dar un plazo de tan sólo 10 días para impugnar solicitudes de licencia, lo cual agravará el problema de la falta de consulta.
Las tensiones por la falta de un proceso justo y una consulta adecuada ya han dado lugar en el pasado a confrontaciones violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y guardias de seguridad y policías en torno al emplazamiento propuesto para una mina.
Las normas internacionales de derechos humanos establecen que es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan verse afectadas por proyectos mineros, y que los proyectos que vayan a realizarse en las tierras de los pueblos indígenas no deben llevarse a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos.
«El analizar las consecuencias de un proyecto minero lleva tiempo, y 10 días para responder a una solicitud de licencia no es un plazo realista para las comunidades que pueden verse afectadas y que, por tanto, necesitan examinar la propuesta con cuidado”, ha manifestado Erika Guevara Rosas
En muchos casos, las autoridades no han investigado a fondo las muertes y lesiones de quienes protestan contra proyectos mineros.
El 13 de junio de 2012, la activista Yolanda Oquelí resultó herida de gravedad por los disparos realizados por dos atacantes no identificados. Yolanda Oquelí regresaba a su casa de una protesta en torno a una mina cuando dos hombres en una motocicleta le cortaron el paso y le dispararon con una pistola. Una bala la alcanzó y se le alojó cerca del hígado. Sobrevivió al ataque, y optó por esconderse junto con su familia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno guatemalteco que brindara protección a Yolanda Oquelí y su familia. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación sobre el ataque, hasta el momento no se ha llevado a nadie ante la justicia
“La violencia y la represión que han arraigado en torno a la minería en Guatemala no pueden continuar. El gobierno guatemalteco debe garantizar que aplica y respeta legislación para facilitar el diálogo y la toma de decisiones entre las empresas mineras, las autoridades estatales y la población afectada. A las comunidades se les debe proporcionar información completa y objetiva sobre los beneficios y riesgos de la minería, de una manera clara y culturalmente adecuada”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
“También pedimos a los gobiernos de los países en los que tienen su sede las empresas de propiedad extranjera que actúan en Guatemala que vigilen y hagan rendir cuentas a sus empresas por el impacto de sus actividades en los derechos humanos, actúen donde actúen.”
Información complementaria
Muchas de las empresas más destacadas que operan actualmente en Guatemala son filiales de empresas canadienses.
Guatemala sigue luchando por hacer frente al legado de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), un periodo en el cual murieron más de 200.000 personas, entre ellas unas 40.000 que fueron víctimas de desaparición forzada.
Hoy día, los pueblos indígenas siguen sufriendo marginación económica y social. La tenencia de tierras es un problema especialmente importante, en el que las comunidades indígenas sufren la fuerte desigualdad respecto a la distribución de la tierra.
En Guatemala, aproximadamente el 30 por ciento de la población vive en una pobreza extrema.
Amnistía Internacional presenta hoy su informe La minería en Guatemala: Derechos en peligro con una delegación compuesta por Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional Canadá, Sebastián Elgueta, investigador sobre Centroamérica, y Tara Scurr, responsable de campaña sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Canadá.