A lo largo de 2014, el precio internacional de los metales, principal dinamizador en los últimos años del sector extractivo, continuó mostrando correcciones a la baja, como ocurre desde 2011 y 2012; asimismo y de manera más abrupta, el precio del petróleo redujo a la mitad su valor en seis meses. Todo ello tendrá un claro efecto en la disminución del aporte fiscal del sector extractivo.
Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.
Al mismo tiempo, han sido años de controversia. Por el lado económico, se generó un debate alrededor de la aplicación de la Ley de regalías mineras y de la negativa de un grupo de empresas a cumplir con dichos pagos en virtud de sus contratos de estabilidad tributaria; también, en el inicio del gobierno de Ollanta Humala se discutió la aplicación de un impuesto a las sobreganancias, propuesta que fue desplazada por la aplicación del gravamen minero, con efectos no muy claros. En tanto, en el campo social, los conflictos entre empresas y comunidades locales se reprodujeron en varias regiones del país debido a que éstas perciben que sus derechos económicos y sociales son vulnerados frente a un Estado con poca capacidad y voluntad para hacer cumplir las normas socio-ambientales, las que a su vez son cuestionadas por su permisividad excesiva.
Actualmente, la discusión sobre el sector extractivo está centrada entre continuar con el actual modelo primario exportador, aplicando algunos ajustes, o virar hacia una estructura económica más diversificada, tal como vienen recomendando la CEPAL y organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien ya en el 2014 se publicó el Plan Nacional de Diversificación Productiva, se percibe que este cuenta con poco respaldo político del gobierno y que, por el contrario, se pretende continuar con el modelo extractivo actual otorgando beneficios tributarios a las empresas, debilitando la institucionalidad ambiental y afectando los derechos de las comunidades. La necesidad de este debate se ve opacada por las voces de quienes afirman que el país crece a una menor velocidad debido a que no se llevaron adelante algunos proyectos mineros producto de los conflictos sociales y las trabas burocráticas.
En esta línea, los gremios empresariales exigen medidas que permitan agilizar los trámites, como la implementación de la ventanilla única, la acotación a la ley de consulta previa (que se aplique solo para comunidades amazónicas) y la agilización de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, la creación en 2013 de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos expresa la voluntad de una más fuerte presencia pública de los intereses de las empresas petroleras. Permeable a esta presión, a lo largo de 2014, el Gobierno Nacional impulsó una serie de medidas tributarias, de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión privada.
De este contexto han surgido claramente dos preocupaciones. Por un lado, en razón de la multiplicación de conflictos sociales ligados a la actividad extractiva, se habla de la necesidad de una mejor gestión sectorial y territorial del sector extractivo. De otro lado, en relación a la captación y redistribución de los recursos, un reto pendiente es fortalecer la capacidad de gestión del aparato público en todos sus niveles. Entre ambas, creemos necesario promover un debate abierto acerca de los resultados e impactos logrados con los recursos provenientes de la renta de las industrias extractivas en estos años de boom.
En otros términos, planteamos que se abra un debate sobre el rol que cumplió la minería en nuestra sociedad. El Reporte N° 19 de Vigilancia de las Industrias Extractivas propone un balance sobre la generación, distribución y uso de la renta de la minería, gas y petróleo en el país. Su publicación, a cargo de Grupo Propuesta Ciudadana, es posible gracias al apoyo de las organizaciones Natural Resource Governance Institute y Pan para el Mundo.
En este blog, vamos a ir compartiendo algunas conclusiones de nuestro reporte:. En esta entrega, la primera:
1.- No fue una riqueza compartida
Entre los años 2004 – 2012, el sector extractivo resultó favorecido por un escenario extraordinario de precios altos y demanda creciente de recursos naturales. Esto incentivó la llegada de grandes inversiones al sector que incrementaron la producción y las ganancias de las empresas y, por consiguiente, también la recaudación de ingresos fiscales del Estado.
Este escenario posicionó al sector extractivo –minero e hidrocarburífero–, como muy importante para la economía pese a su bajo aporte al PBI, al empleo y a los reducidos encadenamientos productivos que genera. Con un aporte a la caja fiscal que alcanzó en promedio el 23% de los ingresos del gobierno central en el período de mayor bonanza (2006-2011), este modelo aseguró recursos suficientes para financiar obra pública y programas sociales, por lo que los gobiernos de turno mantuvieron casi inalterables las políticas económicas gestadas en los años 90, perdiendo la oportunidad de participar en mejores condiciones de la riqueza generada.
Es claro que fueron las empresas las principales beneficiadas con el boom minero y que el Estado sólo participó de una porción menor de la riqueza generada debido a que el esquema tributario, establecido en los años 90, se mantuvo inalterado hasta el año 2011. En ese sentido, la aplicación de la Ley de regalías mineras fue diluida por los contratos de estabilidad jurídica que protegían a las empresas y, más adelante, la negociación del Aporte Voluntario Minero conformó un fondo apenas equivalente a las regalías mineras no pagadas. Las medidas tributarias aprobadas por el gobierno de Ollanta Humala en 2011 (gravamen minero e impuesto especial a la minería) produjeron mucho menos de los 3,000 millones de soles anuales ofrecido porque, de un lado, llegaron tarde cuando los precios caían y, del otro, porque el gobierno cometió el error de aceptar que estos pagos sean descontados como costos al momento de calcular la renta imponible.