Las empresas mineras hacen negocio redondo en México al pagar al gobierno una cantidad irrisoria comparada con la ganancia por extraer riqueza del subsuelo. Entre 2001 y 2014 el pago de derechos sobre minería osciló entre 0.4% y 2% del valor total de la producción minera.En 2013 lo recaudado llegó a 2% por aumento en la recaudación.
En el primer semestre, el gobierno recaudó 978 millones de pesos por el pago de derechos mineros, nada respecto de 95 mil millones de pesos de la producción del sector.Si se suma otros gravámenes que las mineras están obligadas a pagar, como el Impuesto Sobre la Renta, asciende a 8% del valor total de la producción.
La enorme ganancia de las empresas mineras, 287 de ellas extranjeras, exhibe lo ridículo de la recaudación.Grupo México reportó en 2013 utilidades netas por 22 mil 308 millones de pesos.Su ganancia es 6s veces superior a los ingresos que el gobierno tuvo ese año por el pago de derechos de todas las empresas mineras.
El robo legalizado. Hasta 2013 la Ley Federal de Derechos establecía que el titular de concesiones mineras daba una contraprestación a la Federación de entre 6 y 129 pesos al semestre por hectárea concesionada. Durante el primer y segundo año, de 5.91 pesos; tercero y cuarto años, de 8.83 pesos; quinto y sexto, de 18.26 pesos; séptimo y octavo, de 36.73 pesos; noveno y décimo, de 73.44 pesos, y a partir del décimo primero, de 129.24 pesos; y omite intereses de poblaciones de sitios de exploración, cuidado del medio ambiente y patrimonio cultural. Permite la titularidad de la concesión por 50 años, prorrogable a un siglo.
Con la reforma hacendaria se adicionan tres pagos. Un derecho especial de 7.5% sobre el valor de los ingresos de la actividad extractiva; otro de 0.5% a ingresos de la empresa que extrae oro, plata y platino, y un tercero que sanciona a las mineras ociosas por dos años. La laxitud de la ley no es el único problema, también su incumplimiento. Aunque el incumplimiento del pago de derechos puede castigarse con cancelar la concesión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que 4 mil 520 de 26 mil 495 propietarios no cumplieronen 2012, sin embargo la Secretaría de Economía (SE) sancionó 2 mil 102 concesionarios; el 46%. En Chiapas y Veracruz el incumplimiento de pago llegó a 55%. Grupo México y Goldcorp son las mineras que mayor agua consumen. 14 empresas contaminan los cuerpos de agua y siete acaparan el líquido y ponen en riesgo a las localidades circundantes. La mitad del agua destinada a la minería se extrae de tres estados: Sonora (108 millones de metros cúbicos por año), Zacatecas (55.8 millones) y Michoacán (44.4 millones)
La inversión en minería es causa de deterioro en la vida de los pobladores. San José del Progreso, Oaxaca, tercer municipio más pobre, generó ganancia de 360 millones de pesos en 2012, con plata y oro. El pago por esas concesiones al gobierno federal fue 2 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) muestra que el 17% de las personas vive en muy alto grado de marginación; 75% en alto grado y 1% en grado medio.
En el proceso extractivo se emplea cianuro; los residuos minerales contienen sulfuro, cuando se exponen al agua y al oxígeno, forman ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se filtra a través de residuos de las minas y libera sustancias tóxicas como cadmio y arsénico de la roca, mezcla que se escurre a la capa freática u otras fuentes de agua que al ser consumida causa daños al sistema nervioso, cáncer, enfermedades hepáticas y otros efectos adversos para la salud de los seres humanos.
La Constitución dice que el uso de los recursos naturales los debe impulsar el Estado y excepcionalmente los particulares, algo que no sucede con la minería y el agua. La industria minera es el cuarto sector que más ingresos genera, pero ese dinero va a dar a las arcas de quienes explotan los recursos.
Fuente:https://elmercurio.com.mx/editoriales/al-amparo-la-ley-saqueo-destruccion