Mediante un comunicado difundido ayer, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) rechazó la acusación fiscal contra los indígenas que participaron en el “Baguazo” y anunció una movilización de los pueblos indígenas del departamento de Amazonas hacia la ciudad de Bagua.
A través de su portal web, AIDESEP se pronunció contra la acusación por la que se pide penas de cadena perpetua para líderes indígenas que participaron en la extendida protesta amazónica del año 2009 que dejó 34 muertos, entre indígenas y policías, en Bagua.
En el comunicado, la organización acusó al Ministerio Público de haberse convertido en una “máquina de acusaciones” contra líderes indígenas para perseguir “sin ningún criterio de justicia” y con “fraguados elementos” a los dirigentes por “delitos inexistentes”.
Calificó de “inaceptable y arbitraria” la forma en que se ha tramitado el proceso, indicando que estaría lleno de “contradicciones, incongruencias y carencia de fundamentos objetivos de la acusación fiscal” con el fin de librar de responsabilidades a quienes serían los verdaderos autores del violento enfrentamiento.
AIDESEP acusó como responsables del “Baguazo” al ex presidente Alan García, el ex primer ministro Yehude Simon y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas así como a los generales a cargo del operativo, para quienes pidió sanciones penales.
Del mismo modo, denunció que en el proceso judicial se omitió tomar las declaraciones de los funcionarios que decidieron realizar la intervención policial del “Baguazo”.
“Esto era importante para poder corroborar si tenían o no conocimiento de la decisión de las comunidades de retirarse o retornar a sus zonas el 05 de junio”, indicó AIDESEP.
Se movilizarán hacia Bagua
La organización indígena informó que indígenas de las cuencas del Cenepa, Marañón, Santiago, Chiriaco y Nieva del departamento de Amazonas se estarían movilizando hacia la ciudad de Bagua, donde realizarán una vigilia a partir del 6 de marzo en rechazo a la acusación fiscal.
Esta acusación “pretende sancionar a los pueblos por ejercer su libre derecho a proteger sus territorios contra la destrucción de sus bosques”, sentencia el documento.
A continuación presentamos el texto difundido por la organización indígena.
Pronunciamiento
Aidesep rechaza acusación fiscal que pide cadena perpetua para dirigentes indígenas y hace un llamado al Estado a no generar más conflictos sociales
Ante la Audiencia de Control de la Acusación Fiscal programada por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua para el próximo 7 de marzo, respecto de la acusación fiscal de cadena perpetua contra 54 líderes indígenas en el Caso Bagua; la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep, que reúne a 1500 comunidades amazónicas agrupadas en 67 federaciones y nueve organizaciones regionales, expresa lo siguiente:
1. Lamentamos que, en los procesos penales derivados de la movilización pacífica amazónica del 2008 y 2009; el Ministerio Público se haya convertido en una máquina de acusaciones contra los líderes indígenas de nuestra Amazonía, para quienes pide penas incluso hasta de CADENA PERPETUA, sin ningún criterio de justicia sino de perseguir por perseguir con fraguados elementos de “convicción” por delitos inexistentes. Esta actitud injusta nos lleva a pensar que no se han cambiado las equivocadas “políticas” de criminalización de la protesta social y que mediante los operadores de “justicia” se pretende vapulear a nuestros líderes y dejar impune las responsabilidades del Estado por la masacre y genocidio de Bagua 2009.
2. Aidesep califica como INACEPTABLE y ARBITRARIO la forma de cómo se ha tramitado al proceso judicial y a la incongruencia, contradicciones y carencia de fundamentos objetivos de la acusación fiscal con la única intención de esquivar la verdadera responsabilidad de los autores del genocidio de Bagua. Por ello, la acusación fiscal resulta criminalizando la justa protesta indígena del 2009 y termina defendiendo los intereses y negociados de los autores racistas del “perro del hortelano” vinculados a la invasión extractivista de la amazonía que siguen desarrollanndo estrategias concertadas con otros poderes fácticos para negar un elemento central de toda democracia que es el derecho que tienen los ciudadanos a protestar libre y pacíficamente.
3. No se ha considerado dentro del proceso a los verdaderos responsables de los lamentables hechos de Bagua como son el ex presidente Alan García, el ex primer ministro Yehude Simon y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y los generales que ejecutaron las órdenes masacradoras con el peor operativo inimaginable. Tanto es la protección de la justicia peruana a estos operadores del racismo alanista que se ha omitido solicitar las declaraciones de los funcionarios que decidieron realizar el 05 de junio, la peor y torpe medida de “restablecimiento del orden público”. Esto era importante para poder corroborar si tenían o no conocimiento de la decisión de las comunidades de retirarse o retornar a sus zonas el 05 de junio; y si se tenía conocimiento debió habérseles preguntado entonces ¿cuál fue la razón o qué se buscaba con la violencia policial si ya los pueblos habían decidido retirarse? ¿quién les dio la orden de desalojo? ¿fue el propio Alan García o la ex ministra Cabanillas? ¿por qué la ex titular de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, mintió al decir que si se derogan los Decretos Legislativos, el TLC con EE.UU. se cancelaba y alimentó ese clima de violencia? Todos estos funcionarios del Estado no solo deben ser acusados por una “responsabilidad política” sino que deben ser sancionados penalmente por la Justicia ante la violencia que azuzaron con sus erradas decisiones y mentiras. Declaramos que no permitiremos que una vez más nuestros dirigentes sean sentenciados a injustas penas, como la de cadena perpetua, que incluso chocan con el orden constitucional.
4. Es por eso que las comunidades indígenas de Amazonas, de las cinco cuencas de la región: Cenepa, Marañón, Santiago, Chiriaco y Nieva están movilizándose hacia la ciudad de Bagua para expresar su rechazo contra esta decisión que pretende sancionar a los pueblos por ejercer su libre derecho a proteger sus territorios contra la destrucción de sus bosques. Asimismo, iniciarán una vigilia desde el 06 de marzo en dicha ciudad para demostrar que los pueblos son pacíficos y que lo ocurrido hace cuatro años fue producto de decisiones políticas racistas y subastadoras de la amazonía de los gobernantes de turno.
5. Llamamos también a todas nuestras federaciones y organizaciones regionales a estar vigilantes frente a estos nuevos intentos de silenciarnos; a las organizaciones hermanas y de la sociedad civil que trabajan como aliados de los pueblos indígenas a solidarizarse con los dirigentes indígenas acusados y evitar que sean sentenciados como malévolamente se pretende con la acusación fiscal a cadena perpetua.
Finalmente, la Aidesep hace un llamado al gobierno de Ollanta Humala a no heredar mecánicamente el crimen racista del alanismo del 2009, a no criminalizar la protesta, a tender puentes para no generar más conflictos sociales. La Amazonía no necesita más represión, sino solución a las demandas territoriales, ambientales, económicas y de libre detrminación para la “Vida Plena” de sus pueblos.
Lima, 27 de febrero de 2013.
Consejo Directivo Nacional de la Aidesep