El 20 de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, me notificó que aceptó como Representantes Legales en el trámite de las Medidas Cautelares contra la mina Marlin, al señor Delfino Felipe Tema Bautista Alcalde Municipal de Sipacapa, y al señor Joel Domingo Bámaca Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán, así que ahora somos 3 los representantes legales.
La CIDH, nos comunicó que está en camino informes del Estado sobre el cumplimiento de las Medidas, dándonos a los 3 representantes 30 días para enviar nuestras respuesta en forma conjunta o separada. Esto significa que los dos Alcaldes Municipales emitirán sus posiciones oficiales sobre el cumplimiento de las Medidas Cautelares en relación con la suspensión de las operaciones de la mina Marlin, la descontaminación de las fuentes de agua y programas de salud a favor de los habitantes de sus respectivos municipios ¿será que los Alcaldes informarán a sus respectivos municipios de sus posiciones, les consultarán, y en consenso enviarán su respuesta a la CIDH? ¿o lo mantendrán en secreto? por cierto, ninguno de los dos Alcaldes ha creado como se lo ordena la Ley de acceso a información pública la Oficina de Información Pública Municipal ¿será el momento?
Dichos Alcaldes iniciaron negociaciones en diciembre de 2010 con el gobierno central y la empresa minera para una solución amistosa y así cerrar este caso ante la CIDH. Las peticionarias y los peticionarios a quienes represento no estamos de acuerdo en ningún tipo de negociación, únicamente estamos interesados en el cumplimiento de las Medidas Cautelares, comenzando con la suspensión de las operaciones de la mina Marlin, la descontaminación de las fuentes de agua y acceso al agua potable suficiente en calidad y cantidad, y programas de salud contra la contaminación personal y ambiental, especialmente por las graves consecuencias que está sufriendo la niñez por las enfermedades producida por la explotación de dicha mina. El incumplimiento de las medidas cautelares es una expresión más de racismo en contra de los pueblos indígenas
Las medidas cautelares se ordenaron el 20 de mayo del año pasado, llevando 8 meses de incumplimiento; tramitando un procedimiento administrativo de suspensión de las operaciones mineras desde el 10 de agosto, llevando más de 5 meses sin la resolución final.
El que la CIDH, haya aceptado a los dos Alcaldes como representantes ante las medidas cautelares, es una batalla más ganada por la empresa Goldcorp/Montana y el gobierno del Presidente Colom, reforzada porque el año pasado cerraron con ganancias record en los 5 años de explotación que llevan a cabo. La batalla la ganaron parcialmente, puesto que pidieron ser los únicos representantes legales ante la CIDH pretendiendo retirarme del caso, cuestión que la CIDH no aceptó, manteniendome como representante legal.
En conclusión, el gobierno del Presidente Colom mantiene en la impunidad el incumplimiento de las Medidas Cautelares, desafiando la competencia de la CIDH como uno de los principales órganos de la OEA. Se ha aliado con la empresa minera y los Alcaldes Municipales para dar por terminado el Caso sumulando una solución amistosa y así, argumentar a la CIDH que ya no tiene caso la vigencia de las medidas cautelares con lo cual la empresa continuará operando con absoluta libertad, profundizando la degradación de la salud de los pueblos indígenas sipakapense y mam, perpetuando la usurpación de sus territorios ancestrales.
http://pluriculturalidadjuridica.blogspot.com/2011/01/ahora-somos-3-los-representantes.html
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