Ibis Liulla Torres, Noticias Aliadas
26/10/2006
Contaminación de ríos y fuentes de agua plantea un escenario poco alentador en gestión ambiental de empresas mineras.
La minería en el Perú es una de las actividades que no sólo han promovido mayor dinamismo en la economía nacional —sólo en el 2005, el 56% de las exportaciones provinieron de este sector primario con un ingreso de US$10 mil millones—, sino que también ha sido, y sigue siendo, fuente de conflictos sociales por el impacto ambiental que ocasionan sus operaciones.
Según la Defensoría del Pueblo, siete de los 10 conflictos sociales activos registrados en el territorio nacional en agosto de este año estaban vinculados con disputas sobre asuntos medioambientales con las empresas mineras.
Las ganancias y utilidades que actualmente genera el mercado internacional con el precio de los metales, parecen no estar en sintonía con las inversiones en gestión ambiental. Las denuncias sobre contaminación del agua y el aire, y sobre el impacto en los recursos forestales se han convertido en signos recurrentes de la presencia de la actividad minera.
«El sector minero es considerado el sector industrial más contaminante de aguas superficiales y subterráneas, especialmente con cargas contaminantes de metales pesados (cobre, zinc, plomo, cadmio, plata, arsénico, manganeso, etc.). Se ha estimado que las actividades mineras y metalúrgicas en conjunto descargan anualmente más de 13 billones de metros cúbicos de efluentes en los cuerpos de agua del país», señala el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), entidad privada encargada de promover la inversión pública y privada en el desarrollo de proyectos prioritarios ambientales en el Perú.
Si bien el uso del agua en la minería (1%, según FONAM) es menor que otras actividades, el impacto sobre este recurso es mayor por los niveles de presencia de metales y residuos minerales en las cabeceras de cuencas, ríos y lagos, que afectan no sólo la cantidad y calidad del agua sino también el ecosistema.
Impacto en el agua
En el 2004, el conflicto entre la empresa Minera Yanacocha —que opera el más grande yacimiento aurífero de América Latina— y los pobladores del departamento de Cajamarca, ubicado en la sierra norte del país, suscitado por la exploración del cerro Quilish, donde habría reservas de oro y por donde discurre el río que abastece a toda la ciudad, puso en el tapete la crisis del agua y las tensiones alrededor de su gestión.
La empresa desistió de la exploración después de varios días de revuelta social en esta zona del país, pero aún siguen las denuncias de malas prácticas empresariales respecto a la gestión del agua.
«Las actividades que realiza Minera Yanacocha para extraer oro con lixiviación de cianuro en la cabecera de las cuencas de los ríos Cajamarquino, Llaucano y Jequetepeque han generado graves impactos ambientales sobre el frágil ecosistema altoandino en donde nacen las aguas que abastecen el consumo humano de la ciudad y las actividades pecuarias y pesqueras que se realizan en las partes bajas de las cuencas», informó el sacerdote católico Marco Arana, coordinador del Área de Conservación y Desarrollo Ambiental de la organización no gubernamental Grufides.
Según el gerente de Medio Ambiente de Yanacocha, Luis Campos, «la empresa es consciente de que la actividad minera ocasiona una mayor cantidad de sedimentos que son arrastrados por los ríos», y por eso han construido diques que controlan en un 40% los sedimentos.
Campos refirió además que la empresa consume aproximadamente 52 litros de agua por segundo, que son utilizados para el control del polvo en las carreteras. «El agua que utilizamos en el campamento es utilizada y luego descargada a la cuenca y tenemos medidas para controlar esto», subrayó.
Sin embargo, estudios de organizaciones de defensa ambiental han señalado que Minera Yanacocha no emite información transparente sobre la cantidad de agua que es usada e impactada por sus actividades.
Problema extendido
Las cuencas y ríos cercanos a Yanacocha no son los únicos impactados por la minería. De acuerdo al informe «Estado de la situación sobre la gestión del agua en la minería: El caso peruano», realizado por la consultora en gestión ambiental Doris Balvín, existen problemas de contaminación en los departamentos de Moquegua e Ica en el sur, Junín en la sierra central, Madre de Dios en el suroriente, entre otros.
El mismo informe señala que «el impacto de la empresa Southern Perú Copper Corporation en las cuencas de los ríos Moquegua y Locumba ha sido drástico desde el inicio de sus actividades hace 56 años…, las minas cupríferas de tajo abierto de Toquepala [en la sureña Tacna], y Cuajone [en Moquegua] requieren de grandes volúmenes de agua para operar y generan una enorme cantidad de desechos que circulan por toda la cuenca».
Menciona también que «estudios realizados en 1991 en la zona [de Southern Perú] revelaron la presencia de altas concentraciones de arsénico, cadmio, plomo, cobre, cromo y cianuro con valores que superan los límites establecidos en la Ley de Aguas del Perú para zonas de pesca de mariscos y bivalvos, zonas de preservación de fauna acuática y de pesca recreativa y comercial».
Un estudio ambiental reveló también que la puesta en marcha del proyecto Quellaveco, ubicado en la cabecera de la cuenca del río Asana, en Moquegua, disminuiría la disponibilidad de aguas en las cuencas adyacentes por la extracción de aguas subterráneas en la zona de Chilota.
El río Yauli, perteneciente a la cuenca del Mantaro, en el departamento de Junín, donde opera la fundición metalúrgica Doe Run Perú, presenta altos niveles de metales pesados que exceden los estándares permisibles en el Perú.
Pasivos ambientales
En el 2003, el Ministerio de Energía y Minas identificó más de 600 pasivos ambientales que implicaban trabajos de remediación por $200 millones. Este año, la cifra de estos pasivos alcanza los 850. Sin embargo, en un trabajo proyectivo del FONAM la cifra estaría cercana a los 2,000 pasivos mineros presentes en 66 cuencas del país y con una valoración de remediación de $474 millones. Esta remediación deberá estar a cargo de las empresas concesionarias y en aquellos que no se hayan identificado dueños será el Estado peruano el que se haga cargo.
«Hay que efectuar la remediación de los pasivos ambientales mineros que están cercanos a las cuencas. De no remediarse definitivamente, se estaría generando impactos negativos y, en consecuencia, se daría una mala imagen para la minería», dijo la directora ejecutiva del FONAM, Julia Justo Soto.
¿Desarrollo para todos?
Bajo esta panorama, el desarrollo parece haberse constreñido a la bonanza económica de las empresas mineras sin mirar los impactos ambientales y sociales generados por malas prácticas en la actividad minera y la falta de una fiscalización permanente del Estado.
Si bien el Perú se ha colocado como el primer productor de oro y segundo en plata y cobre en América Latina, estos indicadores sólo son el reflejo de una economía extractiva que parece lejana de la sostenibilidad ambiental y social.
El rol del Estado es vital para generar procesos de desarrollo en las regiones donde está presente la actividad minera. Un dato que refleja la disparidad del desarrollo es lo que ocurre en Cajamarca: mientras Yanacocha registró en el segundo trimestre de este año una ganancia de $204 millones, el 77.4% de la población del departamento vive en situación de pobreza.
El padre Arana visualiza ese rol del Estado al señalar que espera que en el futuro «no sólo se hable en el Perú, o en Cajamarca, del éxito de las empresas mineras sino que también se hable de la oportunidad de mejoras de calidad de vida de todas las poblaciones».