Líderes y representantes de las comunidades afectadas por la contaminación minera cuestionan el proyecto de ley minera. (Segunda parte)
En el marco del encuentro de la Escuela de Lideres Ambientales, realizado en la ciudad de Oruro del 10 al 12 octubre, líderes de las organizaciones sociales urbanas y rurales de las regiones mineras de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, se reunieron en un 1° encuentro para analizar la política y el proyecto de la Ley de Minería (versión de julio del 2013). Después de un análisis colectivo se arribaron a las siguientes conclusiones:
Sobre el agua:
El proyecto de ley apunta y promueve la privatización del agua a favor de las empresas mineras, otorga derechos legales de uso y aprovechamiento indiscriminado del agua y por consecuencia aumentará la contaminación. Por tanto se debe priorizar y garantizar el agua para las comunidades y centros urbanos.
Toda actividad minera que utilice las aguas superficiales y subterráneas debe asumir un arancel, según los volúmenes que utilizan. Además las empresas mineras deben reponer el agua que están utilizando para las comunidades, como también implementar plantas de tratamiento de sus aguas residuales, para que las mismas sean reutilizadas.
Exigimos al gobierno central la pronta aprobación del proyecto de Ley Marco de «Agua para la Vida», trabajada y consensuada por las organizaciones sociales urbanas y rurales, antes de la aprobación de la Ley de Minería.
Las actividades mineras solamente deben usar agua que no es apta para el consumo, riego y biodiversidad, reutilizándola para evitar la sobreexplotación de este vital recurso.
Debe crearse un organismo multisectorial y descentralizado para el control y fiscalización del agua, con participación de las organizaciones sociales urbanas y rurales y pueblos indígenas originarios, con el apoyo de las universidades en el aspecto técnico.
Los titulares de derechos mineros tienen que consultar previamente a las comunidades afectadas por la utilización de las aguas superficiales y subterráneas.
Exigir la implementación de normativas que regulen la utilización de reactivos químicos en actividades mineras y de esta forma minimizar los impactos ambientales.
Sobre la consulta:
Tal como está planteado en el anteproyecto de la Ley de Minería, la consulta simplemente se resume a un proceso de concertación para llegar a acuerdos. Desde esa perspectiva la propuesta de Ley va en contra de la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios.
Por tanto exigimos que, en el anteproyecto de la Ley de Minería, la consulta debe ser vinculante, obligatoria, previa, libre y con consentimiento en el marco de la CPE, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios. En el proyecto de la ley minera, la consulta es una imposición y solo formalismo.
La consulta previa, libre, informada y con consentimiento, debe aplicarse también para los proyectos de prospección y exploración minera. En estas fases también existen impactos ambientales, por lo que no se debe excluir la consulta, mas al contrario el estado debería velar la salud de la madre tierra.
La consulta debe contemplar el consenso sobre información, compensación, remediación e indemnización; además este proceso no debe tener fechas fatales. El estado debe velar por el interés de las comunidades y la población boliviana, no debe estar al servicio de las transnacionales.
En la actualidad el gobierno de turno está aprobando leyes y decretos, como es el caso de la Ley de Avasallamiento Minero N° 367, que limitan el ejercicio pleno del autogobierno y autodeterminación establecidos en la C. P. E. en sus Art. 2 y art. 30 núm. 15. Por tanto exigimos al gobierno el respeto pleno de los derechos de los Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos, reconocidos por la CPE y los convenios y tratados internacionales.
Oruro, octubre de 2013
Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y la Protección de Medio Ambiente CONAMPROMA.
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ.
Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lagos Uru-Uru y Poopó CORIDUP.
Comunidades de la subcuenca Desaguadero.
Comunidades de la subcuenca Huanuni.
Comunidades de la subcuenca Poopó.
Comunidades de la subcuenca de Antequera Pazña.
Promotores Ambientales Derechos Indígenas Originarios PADIOS – Potosí.
Eco Mujeres – Oruro.
Escuela de Líderes Ambientales ELA – Oruro.
Nación Originaria Jatun Quillacas.
Coordinadora Departamental para el Cambio CODELCAN – Chuquisaca.
Comunidad la Mendoza – Chuquisaca.
Comunidades de Saucari – Oruro.
Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA – Oruro.
Asociación Nayra Pacha ANAPA – Oruro.
Nación Originaria Suyu Jach’a Carangas.
Subcentral Villa Ancocota Provincia Inquisivi – La Paz.
Comunidad de Calari Provincia Pacajes La Paz.