Según estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la provisión de agua potable en la ciudad de Potosí está garantizada solo hasta octubre. Se trata de una crisis de grandes proporciones agravada por el hecho de que la minería utiliza gran parte de este escaso elemento, y cuyos trabajadores rechazan cualquier restricción.
Por ejemplo, después de que se hiciese público este sombrío panorama, el Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) descartó la paralización de la explotación minera en Potosí, en tanto los ingresos de las familias y del propio departamento dependen de la minería. Un argumento ciertamente veraz, pero que lejos de contribuir a la búsqueda de soluciones limita aún más las opciones para enfrentar el profundo desabastecimiento de agua que se cierne sobre la Villa Imperial, y que amenaza con mermar la salud, el bienestar y el desarrollo de la población potosina.
Ahora bien, como ocurre con todas las crisis, la que suscita este comentario ha tenido la virtud de poner en evidencia aspectos claves relacionados con la escasez de agua en el país en general, siendo uno de ellos el manejo de la información. Huelga recordar que las primeras voces de alarma respecto a la relación entre la minería y el desabastecimiento del líquido elemento en Potosí surgieron recién a mediados de julio, cuando el diputado oficialista Víctor Borda, alertado por un reportaje periodístico, realizó un inspección en la que pudo constatar varias tuberías instaladas en la red de distribución utilizadas para desviar agua a al menos ocho ingenios mineros. Esto pese a que desde finales de 2015 la provisión de agua se ha reducido en un 50% en la ciudad de Potosí, afectando a la mayoría de los barrios y en especial a las zonas altas, que reciben el líquido elemento solo una vez a la semana durante dos horas.
Frente a esta denuncia, el gerente general de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), Rolando Montesinos, se limitó a negar la existencia de conexiones clandestinas en favor de los ingenios, argumentando que el agua desviada era utilizada para el consumo de los mineros. A su vez, las autoridades locales aún no han respondido a la interpelación interpuesta por diputados de la oposición para saber qué acciones se están realizando desde la municipalidad para revertir esta situación.
Se trata de ejemplos concretos que ponen en relieve la ausencia de información relevante respecto a asuntos claves como la provisión de agua potable en ciudades como Potosí, así como deficiencias en la comunicación entre las instituciones estatales, organismos privados y la sociedad civil en general. Información que dicho sea de paso resulta esencial para encarar y evitar crisis como la que hoy atraviesa la Villa Imperial.
Fuente: http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Agua-informacion_0_2790920882.html