La industria minera en América Latina muestra de manera endémica altos costos sociales y ambientales para los países, cuyas leyes no pueden garantizar que las empresas del ramo se autorregulen.
Tal es la conclusión de un estudio realizado por los investigadores Amos Irwin y Kevin P. Gallagher del Instituto Global de Desarrollo Ambiental (GDEA, por sus siglas en inglés), quienes advirtieron la necesidad de incorporar nuevos mecanismos de control.
A partir del estudio de caso de una empresa minera con capital chino en Perú, los investigadores concluyeron que, en general, los países de América Latina no pueden esperar una eficaz autorregulación de las empresas del ramo, en materia ambiental.
Por lo general, las empresas mineras nacionales o transnacionales en los países del área, mantienen prácticas de alto costo social y ambiental, entre otras cosas, porque las leyes no son lo bastante estrictas.
Pero también, porque no existen mecanismos eficaces para la evaluación y control en el cumplimiento de los ordenamientos vigentes.
En ese sentido, Irwin y Gallagher, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Medio Ambiente en las América del GDEA, encontraron que en general, las empresas mineras en la región generan costos ambientales altos.
Por ello, sugirieron a los gobiernos del área endurecer su regulación ambiental, así como monitorear y «disciplinar» a las empresas del sector minero, como medio para «maximizar los beneficios de la extracción natural de minerales y mitigar los riesgos».