Vecinos de la comunidad de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, denunciaron que la minera Metalúrgica del Boleo es la responsable de las inundaciones que afectaron la zona, tras el paso del huracán Odila, con la desviación del cauce de tres arroyos.
Un mes antes de la amenaza del fenómeno, Omar Camarena interpuso una demanda y alertó a la Conagua en La Paz, por los presuntos abusos de la mina, pero especialmente informó que había desviado los arroyos La Soledad, El Yeso y El Purgatorio a uno nuevo, llamado El Boleo. Conagua no ha respondido.
“Hay responsabilidades que tiene que aclarar aquí, es una empresa grande que viene a generar trabajo, pero también genera problemas y los tiene que solucionar, pero no quiere”, dijo Camarena.
Originalmente, el cauce de los arroyos, secos durante todo el año y que solo traen agua en época de lluvias y huracanes, tenían solo seis metros de ancho, uno de ellos la minera lo transformó, en diciembre del año pasado a 137 metros para recibir agua de los ríos que fueron reencauzados. El Purgatorio arrojó tal cantidad de agua que se llevó dos negocios y sepultó camiones y tráileres en la carretera Santa Rosalía-Tijuana.
Incluso, dijo, la fuerza que tuvo el río Manuel F. Montoya y que pasa por el centro de la ciudad cobró la vida de dos directivos de la mina, al arrastrar la camioneta donde viajaban Kyoung Jin Park, director general de Operaciones, de 62 años, y del director general de Minera, Sung Keun Chai, de 58 años.
Una fotografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía tomada en 1993 ubica los tres arroyos y sus cauces originales. A partir de 2000, cuando la minera se instaló donde pasan esos ríos, sus cauces aparecen modificados.
“Es muy riesgoso ahora, necesita una buena inspección esta mina, sobre todo, porque estamos pagando las consecuencias nosotros. Nosotros tenemos veintitantos años trabajando, está bien que vengan a trabajar y dar trabajo, eso no se les prohíbe, pero que vengan legalmente a hacer las cosas como debe ser y que el gobierno les ponga un hasta aquí y los supervise”, dijo. La denuncia ante Conagua establece que la minera contrató la empresa de Guadalupe Vázquez, para que por medio de trabajos elaborados con maquinaria pesada hiciera cambios hidrológicos consistentes en el desvío de cauces y encauzamiento de las diversas corrientes de agua pluvial hacia el nuevo arroyo El Boleo, “mismo que por lógica tendría que ser de mayor dimensión, debido a que se encontraban encauzados a éste los demás arroyos”, dice la denuncia.
“Tiene mes y medio que presentamos la denuncia y estamos esperando la visita de Conagua a dar fe de los cambios de los cauces, los cuales, desde mi punto de vista no tienen permiso, no hay permiso para hacer cambios”, explicó el abogado Francisco Acosta.
Isaac Leyva, empresario de Santa Rosalía y que tiene su negocio frente a la playa a orilla de carretera, perdió su inversión superior a los 2 millones de pesos por la fuerza del nuevo arroyo que se llevó su planta de refrigerado y 75 toneladas de calamar que desplazaría en diciembre, una de sus mejores épocas del año. También sepultó en la playa las camionetas para sus trabajadores.
“Estamos impactados, porque nunca nos había tocado ver que corriera tanta agua, si puedes apreciar, los muros miden metro y medio para abajo, haz de cuenta que el agua jugó con ellos, se los llevó.
“Nunca había visto el agua así en 12 años aquí, llevo tres huracanes y no había pasado nada, hasta ahora que derribó paredes hasta de 80 centímetros de grosor, las hizo como papel”, contó el empresario.
También José Luis Hinojosa, dueño de un taller mecánico, a un costado del nuevo arroyo lo perdió todo: herramientas, bombas de agua y tres tráileres que estaban descompuestos y que el agua arrastró hasta el mar. Las pérdidas ascienden a más de un millón de pesos.
La denuncia no es el único problema de la minera, el 12 de septiembre autoridades de Mulegé clausuraron la mina por no tener permisos, licencias de construcción ni la integración de un expediente que debe estar registrado en instancias municipales. Por la licencia de construcción la minera debía al ayuntamiento 17 millones de pesos, más multas y recargos por incumplimiento que ascendían a 100 millones de pesos.
De acuerdo con una relatoría de hechos por parte del municipio, la minera se amparó en agosto de 2012, bajo el argumento de que la administración municipal anterior de José Manuel Murillo le otorgó en diciembre de 2009 un criterio de no pago de licencia de construcción, pero que fue revocado en julio de 2012 por el actual alcalde Guillermo Santillán.
El pasado 11 de julio la sala administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado resolvió que la minera debe pagar.
Fue clausurada y seis días después, el 18 de septiembre, se reanudaron las actividades con el acuerdo de ponerse al corriente.