27 de Abril de 2011
Un ex contratista de la empresa carbonífera Drummond fue acusado por la Fiscalía como autor intelectual del asesinato hace diez años de dos sindicalistas de esa multinacional estadounidense.
26/04/2011. Jaime Blanco Maya, quien se encuentra detenido desde septiembre en una cárcel de Bogotá, explicó telefónicamente a la AP que la decisión en su contra fue tomada la semana pasada por el fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos Carlos Pedraza.
Es considerado por la fiscalía como responsable de los delitos de homicidio en calidad de determinador y concierto para delinquir agravado.
Ni la Unidad de Derechos Humanos ni la Oficina de Prensa de la Fiscalía comentaron detalles del caso.
La determinación contra Blanco está relacionada con la muerte en marzo de 2001 de los sindicalistas Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, quienes fueron asesinados por paramilitares en el municipio de Bosconia, departamento de Cesar.
Según testimonios entregados a la Fiscalía por paramilitares desmovilizados, Blanco le habría pedido a Oscar José Ospino, alias Tolemaida –un importante jefe paramilitar detenido en Venezuela en diciembre de 2009 y luego deportado a Colombia — , que asesinara a Locarno y Orcasita porque amenazaban con paralizar a Drummond por la mala alimentación que daba a los trabajadores y eso ponía en riesgo un contrato de 2,7 millones de dólares anuales de suministrar alimentos que él tenía en 2001 con la multinacional.
«En estos momentos hay un interés muy grande de la Drummond de que me condenen a mí porque ellos están montando su defensa, de un proceso civil muy grande que tienen en los Estados Unidos, sobre los hombros míos», dijo Blanco Maya, de 58 años y hermano medio del ex procurador general Edgardo Maya (2001-2009).
La Drummond pretende «que todo se desvíe hacia Jaime Blanco Maya y con eso ellos se lavan las manos» , sostuvo Blanco.
Drummond no comentó los señalamientos de Blanco y sólo reiteró que su posición «antes las cortes sobre el caso de la muerte de los sindicalistas ha sido y es una sola: Drummond es inocente» .
«Jamás ha hecho pagos ilegales a organizaciones al margen de la ley y precisamente esa fue la razón fundamental para haber obtenido un fallo (en 2007) unánime del jurado en Estados Unidos sobre este asunto, después de un largo proceso judicial» , dijo la Drummond en un comunicado leído telefónicamente a la AP.
«Mi comentario es que hay testimonios consistentes de que Alfredo Araújo y los empleadores de los… sindicalistas asesinados, la Drummond, fueron los autores intelectuales de esos asesinatos y el señor Araújo sigue libre», dijo Terry Collingsworth, el abogado estadounidense que representa a parientes de las víctimas en un caso civil en Estados Unidos, en un correo electrónico enviado a la AP.
Araújo es uno de los directivos de Drummond en Colombia. En su contra no hay ningún proceso penal vigente.
Según Blanco, los dos testigos –ex paramilitares — que han declarado en su contra no merecen credibilidad.
El proceso civil contra la Drummond en Estados Unidos se sigue porque otros testigos –entre ellos el condenado Rafael García, un ex funcionario de la policía secreta colombiana — han sostenido que detrás del asesinato de los líderes sindicales estuvieron ejecutivos de la empresa del carbón en Colombia, una acusación que la multinacional niega.
Con Tolemaida «tuve una relación de chantaje, de extorsión… porque él me cogía (o agarraba) los camiones que traían el suministro de la alimentación y a mí me tocaba darle plata» para que lo dejaran trabajar o que los transportes circularan, agregó Blanco.
«Yo fui víctima (de los paramilitares) y no victimario» , añadió.
Según dijo, algunos de los más importantes jefes paramilitares han dicho ante las autoridades que el sindicato de la Drummond «había sido declarado objetivo militar porque (sus miembros) eran colaboradores de la subversión» o de los grupos guerrilleros.
Añadió que la línea de mando de los paramilitares en el departamento de Cesar estaba encabezada por Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, un ex jefe de esas bandas ilegales que fue extraditado a Estados Unidos en 2008 bajo cargos de narcotráfico.
«Pero la Fiscalía ni siquiera intentó tomar la declaración de ‘Jorge 40’… que es el que tiene los elementos de juicio para aclarar todo esto», comentó Blanco, quien finalmente advirtió que apelará la medida tomada por Pedraza.
De ser confirmado el llamamiento a juicio, el caso de Blanco pasará a un juzgado para la etapa de juicio. Si es hallado culpable podría enfrentar una condena de hasta 40 años de cárcel