13 de Junio 2011 El diputado Miguel Bonasso denunció que el inventario previsto por la ley de glaciares fue encomendado a una fundación que mantiene un acuerdo de cooperación con la empresa minera Barrick Gold.
12/06/2011. «El Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de protección de los glaciares, al encomendar la confección del inventario previsto por la norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con la Barrick Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan mediante un amparo judicial», aseguro Miguel Bonasso, del interbloque Proyecto Sur y principal impulsor de la ley sancionada el año pasado.
De acuerdo al diputado, en un acto realizado en la propia Residencia de Olivos y conducido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -a cargo de Juan José Mussi- le entregó $ 3.400.000 a la Fundación Innova-T, para colaborar en el primer año «de ejecución del inventario de glaciares».
La Fundación Innova-T, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado «acuerdos de cooperación» con diversas entidades públicas y privadas entre las que destaca Barrick Exploraciones Argentina S.A., subsidiaria local de la Barrick Gold Corporation, que explota en San Juan las minas de Veladero y Pascua Lama, dos de los proyectos más cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan.
«Es un verdadero escándalo que una fundación que mantiene o ha mantenido lazos con la empresa que más ha saboteado la ley de glaciares, ‘apoye’ a la Secretaría de Ambiente en su coordinación´’ de tareas con el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para realizar el inventario que ordena la ley. Es como darle a contar al zorro las gallinas del gallinero», señalo el legislador porteño.
Para culminar, Bonasso puntualizó que «no se trata de una exageración retórica: una denuncia judicial realizada hace más de un año por la diputada (de la Coalición Cívica) Fernanda Reyes estableció que la empresa Barrick Exploraciones Argentina S.A. tenía sus oficinas en el mismo edificio que dos empresas pertenecientes al actual Secretario de Minería Jorge Mayoral. Así de impunes son las cosas».