Colectivos realizaron un mitin frente a la sede legislativa en el que destacaron que la «megaminería» no puede esperar más para ser regulada.
México, DF. Organizaciones civiles, entre ellas el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, Movimiento de Pueblos de Morelos, Movimiento de Pueblos y Ciudadanía Unida Contra la Minera Esperanza Silver, Fundar y Pro San Luis Ecológico realizaron un mitin frente al Senado de la República para anunciar que esta semana presentarán a la Cámara alta su iniciativa de nueva ley minera.
El el mitin, las organizaciones destacaron que llegó la hora de cambiar el rumbo actual del marco jurídico «que nos conduce al precipicio y a la ruina del país. Meter en cintura o regular la actividad minera del país, en especial la conocida como megaminería no puede esperar más. El tamaño creciente de su control político sobre el territorio, destruye el control formal municipal, estatal y nacional, porque su impacto contaminante se extiende más allá de lo que se ve, abarca la atmósfera las tierras de cultivo los acuíferos y fuentes de agua de las que depende la vida».
Denunciaron que el marco jurídico vigente de la minería es de que se aprobó por órdenes del presidente Carlos Salinas de Gortari, para dar certeza y seguridad a las inversiones extranjeras que vendrían con el Tratado de Libre Comercio.
Por ello, destacaron es urgente que se modifique la ley minera y se le hagan cambios sustanciales, «para que la actividad minera deje de ser preferente por encima de otras actividades, como se establece hoy en el artículo 26 de la reglamentación vigente».
En la propuesta que entregarán al Senado, las organizaciones civiles subrayan «que se establecen límites que normen donde no puede entregarse una concesión -áreas naturales protegidas, monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía y cultura de los pueblos-, así como en qué condiciones no se puede entregar una concesión».
También se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información de las empresas mineras que tienen que entregar al estado.