La coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, la boliviana Margarita Aquino, denunció este miércoles que las empresas mineras en América Latina «están literalmente invadiendo los territorios», que son el sustento de muchas comunidades indígenas.
Aquino realizó esta denuncia en el Congreso Social de Móviles (MSC), que desde hace tres años se celebra en Barcelona coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC) con el objetivo de poner de manifiesto las caras controvertidas de la industria móvil y tecnológica.
«Las empresas contaminan la tierra y el agua con la que las indígenas trabajamos y sacamos el sustento para mantener a nuestras familias», reiteró Aquino en el Congreso Social que este año da la voz a las mujeres que trabajan para defender sus derechos y los derechos ambientales en la cadena de suministro de la electrónica.
En ese sentido, la activista explicó que la industria de la minería, no sólo es perjudicial para el medio ambiente, sino también para la salud de las comunidades indígenas, sobre todo para las mujeres.
«La minería contamina el agua y los ríos que las comunidades agrícolas y ganaderas utilizan para la pesca y para beber, provocando enfermedades que afectan, sobre todo, al estómago y la piel, además de abortos espontáneos en mujeres embarazadas», denunció.
Aquino insistió en que, como la actividad minera es sobre todo masculina y las mujeres son las que trabajan la tierra, «son ellas las que se quedan sin trabajo», y eso implica una «desvalorización social de la mujer, que sufre recriminaciones porque no contribuye al sustento de la comunidad».
También explicó que «alrededor de las minas se genera la prostitución», y que el trabajo en las mismas conlleva, por sus condiciones laborales, «el aumento del alcoholismo en los mineros, que desemboca en el aumento del machismo y la violencia de género».
En esa línea, la coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, la ecuatoriana Gloria Chicaiza, indicó que «las mujeres de las comunidades indígenas sufren criminalización por parte de las empresas y entidades gubernamentales por llevar a cabo su lucha».
Igualmente denunció «la persecución que las mujeres sufren en su lucha a manos de las empresas y el gobierno», que según Chicaiza, «son amenazadas, estigmatizadas, perseguidas, agredidas e incluso asesinadas».
No obstante, valoró positivamente el levantamiento y la lucha pacífica de las mujeres: «Que las mujeres hagan de voceras en estos conflictos sigue abriendo caminos», dijo.
Chicaiza insistió: «A nuestros gobiernos les importa demasiado la opinión internacional. Por ello, tenemos que elevar nuestra lucha a ese ámbito».
En relación a la continuación de la lucha ecofeminista en los países de América Latina, recordó que tuvieron «experiencias positivas» y que deben «mantener la esperanza en alto y seguir luchando y creando una red de solidaridad entre los pueblos».
Según la coordinadora del proyecto Make ICT Fair de derechos humanos en la industria tecnológica, Karolien Burvenich, el 40% de los bosques de América Latina están amenazados por la industria de la minería, y para extraer 22,5 toneladas de oro, se utilizan y contaminan 225.000 millones de litros de agua potable ya que «se mezclan con sustancias químicas como el cianuro».
Como solución, Burvenich recordó la importancia de elaborar una legislación europea, como la Ley de Minerales de Conflicto de la UE y «asegurar el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores recogidos en artículos como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
Fuente:http://correodelsur.com/sociedad/20180228_activista-boliviana-denuncia-invasion-de-empresas-mineras-en-latinoamerica.html