Son 14 años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado, por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y abandono en que vivimos». El desahogo es de Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental del Valle de Siria. Su voz se suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del departamento Francisco Morazán, en Honduras, y que se niegan a olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.
El Valle de Siria está conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros. El proceso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80 (Fisher Watt Gold Company), pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto -a base de cianuro- de la mina San Martín. El permiso fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y el proceso de explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de cierre y post-cierre, en medio de un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socios-ambientales.
Minas a cielo abierto
Cuando se aplica el método de la minería a cielo abierto, lo primero que se hace es arrasar con los árboles y todo lo que es vegetación. Luego se desecha la capa de tierra fértil de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan gigantescos cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad, usando cargas explosivas y maquinarias.Una vez que se extraen las rocas del subsuelo son transportadas por enormes camiones a una planta de trituración, donde son convertidas en polvo y trasladadas a las canchas de lixiviación (lavado). Finalmente se les agregan grandes cantidades de agua cianurada para separar las partículas de oro (Informe Ejecutivo «La Mina San Martín en el Valle de Siria», 2013).
«Entre Mares S.A. llegó al Valle de Siria con la teoría de darle empleo y desarrollo a miles de personas. Lo que generó en realidad fueron unos 330 puestos de trabajo y más pobreza para miles de familias campesinas que se quedaron sin ingresos. Todo fue una gran mentira, y pasamos de ser el primer productor de granos básicos del departamento Francisco Morazán a una de las zonas más afectadas y envenenadas del país», dijo Carlos Amador a Opera Mundi. De acuerdo con investigaciones realizadas por el Cehprodec (Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario), en el Valle de Siria vivían unas 7 mil familias, es decir 42 mil personas que fueron embestidas por los impactos de la minería.
«Se removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, afectando la producción agrícola que se redujo del 70%. Además, 19 de las 21 fuentes de agua que existían ya se han secado y las que quedan están contaminadas con metales pesados. Esto generó una emergencia hídrica sin precedentes», explicó Pedro Landa, especialista en minería y miembro de la Coalición de Redes Ambientales y del Cehprodec.
Además, las comunidades nunca fueron consultadas, ni informadas sobre los riesgos que la instalación de la minería metálica a cielo abierto traería para la región. De igual forma, las leyes nacionales y varios convenios internacionales ratificados por Honduras fueron violados. Ni siquiera el aporte al Fisco nacional y municipal, que resultó ser insignificante si lo comparamos con el jugoso negocio de la transnacional minera canadiense, pudo justificar la magnitud de los impactos sobre las comunidades, sus territorios y condiciones de vida.
Un pueblo enfermo
Según las diferentes organizaciones que integran el Comité Ambiental del Valle de Siria, durante más de 8 años de explotación minera los impactos socio-ambientales generados por Entre Mares S.A. (Goldcorp), con el silencio cómplice de las autoridades locales y nacionales, fueron devastadores. Además de romper el tejido social, dividir y desplazar a las familias campesinas, dichas organizaciones denuncian graves afectaciones a la salud de las personas. «Se realizron varios estudios y confirmamos que la actividad minera ha provocado graves problemas dermatológicos y de la vista, caída del pelo, partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos. También se detectaron niveles altísimos de metales pesados en la sangre de las personas. Lo más preocupante es que este tipo de contaminación permanecerá en el ambiente por más de cien años», alertó el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura).
La investigación «Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana», realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.
Además, todos los valores de plomo y arsénico en la sangre de las personas analizadas resultaron superiores a los valores considerados peligrosos por la OMS (Organización Mundial de la Salud).»Nuestras aguas y los cultivos fueron contaminados. Hay decenas de personas con altos niveles de metales pesados en la sangre, mientras otras sufren por las llagas en el cuerpo y por un sinnúmero de enfermedades», lamentó Ronald López, coordinador del Comité Ambiental del Valle de Siria. Según él, la empresa cerró operaciones y ni siquiera restauró la parte forestal ancestral. Tampoco se está responsabilizando por los drenajes ácidos que salen de las instalaciones mineras, ni por la pérdida de cultivos y ganado. «Ante este escenario dantesco, ni la empresa, ni las autoridades están haciendo algo para apoyar a las víctimas, más bien tratan de minimizar lo que ha ocurrido», argumentó López.
Protesta social
A medida que se fueron dando cuenta que las promesas de la empresa, no solo no eran reales, sino que, en vez del desarrollo, traían grandes problemáticas, los pobladores decidieron conformar el Comité Ambiental. De esta manera buscaban aglutinar a los diferentes sectores sociales y organizar grupos en cada comunidad, empoderándose de la problemática para contrarrestar la expansión del proyecto San Martín. Ante esta situación, la respuesta de la empresa no se hizo esperar. «Me capturaron el 5 de julio de 2011 junto con otros compañeros, acusándonos de haber obstaculizado un plan de manejo forestal para despalar 1800 hectáreas de bosque en el cerro La Torrecita. Estuvimos 18 meses con medidas cautelares sustitutivas y, finalmente, logramos demostrar nuestra inocencia», recuerda Carlos Amador.
De igual manera, varios activistas del Comité Ambiental han venido sufriendo persecución, hostigamiento y hasta amenazas de muerte. Sin embargo, la criminalización de la protesta y el contexto de miseria, enfermedades, escasez de agua, desempleo, así como la pérdida de soberanía alimentaria, del tejido social y de la tenencia de la tierra, han generado anticuerpos en la población.»Hoy en día la inmensa mayoría de la población está en contra de cualquier tipo de presencia minera en la zona y lucha por la defensa de los bienes comunes, porque ha podido probar en su propia piel las consecuencias de esta actividad», aseguró Ronald López.
Sin embargo, el Comité Ambiental del Valle de Siria no puede bajar la guardia ni tan siquiera un segundo. «Los principios no se venden, ni se negocian y, por eso, estamos en alerta roja y listos a declararnos en rebeldía ante cualquier intento de Goldcorp de regresar a la zona. Seguiremos exigiendo que se reparen los daños ambientales, que se indemnicen a las personas enfermas y a las que fueron desplazadas de sus tierras», concluyó Amador.