La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite el Recurso de Protección interpuesto el jueves 23 de mayo, por vecinas y vecinos de Llay llay, contra la aprobación de una planta purificadora y procesadora de metales a metros de donde vive la gente.
Un grupo de vecinas de Llay llay se organizó para frenar la construcción de una planta de procesamiento de metales a escasos metros de donde estudian sus hijos y se desarrolla la vida local. Esto, luego de analizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, la que fue aprobada por la autoridad ambiental de Valparaíso el 23 de abril de 2013, pese a que los vecinos no habían contado con información del proceso de evaluación, y a que el mismo, estaba lleno de imprecisiones, omisiones e ilegalidades; al menos eso es lo que buscan demostrar con el recurso de protección acogido a trámite por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La acción legal va dirigida contra el Servicio de Evaluación de la Región de Valparaíso, en tanto que evalúo mediante DIA un proyecto que por sus emisiones contaminantes, por el impacto que posee en la vida local y por el uso de sustancias tóxicas que empleará, debiera haber sido ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de modo que los vecinos hubieran sido debidamente informados y la empresa hubiese presentado estudios serios, que al menos dieran cuenta de la proveniencia de los metales, para saber el grado de impurezas que quedarán contaminando el territorio… ni siquiera eso fue revelado por el titular.
Por otro lado, al igual que en el caso de termoeléctrica Castilla, la autoridad de Salud calificó a la industria solo como molesta, pese a que el proyecto supone llegar a procesar 1500 toneladas de metales, para extraerle las impurezas químicas que quedarán en las aguas, el aire y el suelo del territorio.
Las vecinas que recurrieron, con el apoyo del abogado Alvaro Toro, del Observatorio de Conflictos Ambientales OLCA, entienden que ahora la tarea es informar a sus vecinos y vecinas, explicar las irregularidades del proyecto y acompañar la acción judicial con la movilización comunitaria y la visibilización mediática.