Darwin Javier Ramírez Piedra, activista medioambiental y líder comunitario, sigue siendo blanco de acciones en su contra, en lo que parece ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras sobre el derecho de la comunidad al agua. Esto tendrá un efecto disuasorio sobre otras personas que deseen ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.
Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región septentrional de Intag, ha sido declarado culpable de rebelión por su presunta participación en un ataque contra una delegación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI), y ha sido condenado a 12 meses de prisión. No existen pruebas en su contra, y el tribunal rechazó varios testimonios que afirmaban que estaba en su casa en el momento del ataque.
Su condena se redujo inicialmente de 12 a 10 meses por buena conducta, y ha sido puesto en libertad, puesto que ya había pasado 10 meses en prisión preventiva. Tras una apelación de ENAMI, el tribunal reimpuso la condena de 12 meses. Darwin Javier Ramírez Piedra ha apelado contra esta decisión pero, si su apelación no prospera, podría ser encarcelado de nuevo.
El 25 de febrero, poco después de su liberación, Darwin Javier Ramírez Piedra recibió en su casa la visita de dos amigos y de compañeros de activismo medioambiental. Poco después, según ha informado, un policía llegó a su casa y empezó a interrogarlo sobre los visitantes. También ha informado de que ese mismo día, más tarde, tres personas, una de ellas identificada como miembro del personal de ENAMI, estuvieron tomando fotografías de su casa. En el exterior de la casa hay colgado un cartel contra las actividades mineras.
Víctor Hugo Ramírez Piedra, hermano de Darwin Javier Ramírez Piedra, acusado también de rebelión en relación con el mismo incidente, permanece en libertad, y el proceso judicial en su contra se encuentra en suspenso hasta que sea detenido.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación porque la condena de Darwin Javier Ramírez Piedra y los cargos contra Víctor Hugo Ramírez Piedra parecen ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras en el medio ambiente y en el derecho al agua de las comunidades campesinas de Intag;
- instando a las autoridades a ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la presunta visita de la policía a la casa de Darwin Javier Ramírez Piedra, ya que podría constituir acoso contra él y su familia;
- expresando preocupación porque esta condena sienta un precedente que podría disuadir a otras personas de ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación en relación con preocupaciones legítimas sobre el impacto de las actividades mineras en sus comunidades.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2015 A:
1) Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Dra. Ledy Zúñiga Rocha
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria, Quito, Ecuador
Correo-e: comunicacion@minjusticia.gob.ec Tratamiento: Señora Ministra
2) Procurador General
Dr. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano Fiscalía General del Estado
Av. Patria y 12 de Octubre
Quito, Ecuador
Fax: +593 2 398 5800 ext. 163 030
Correo-e: serranoam@fiscalia.gob.ec Tratamiento: Señor Procurador General
Y copia a: Organización local de derechos humanos, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto Edificio Yurac Pirca Piso 9 Quito, Ecuador
Correo-e: cedhu@cedhu.org
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Intag es una región del norte de Ecuador con abundantes bosques subtropicales y una rica biodiversidad. A principios de la década de 1990, cuando arrancó el primer proyecto minero, las comunidades de Intag se organizaron para luchar contra la realización de actividades mineras en la zona. Las comunidades consideran que el proyecto minero de Lurimagua, dirigido por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI), causará daños al entorno de la región, incluidos sus recursos hídricos.
Amnistía Internacional lleva varios años recibiendo informes y testimonios sobre la intimidación, el acoso y las agresiones que han sufrido quienes participan en campañas contra el proyecto minero de la región de Intag. Entre otras cosas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha criticado públicamente las actividades de estos activistas en sus mensajes televisivos semanales a la nación. Para más información, véase AU 334/13 (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR28/004/2013/es).
En mayo de 2014, la comunidad de Junín denunció también una fuerte presencia policial en apoyo de ENAMI, que al parecer estaba llevando a cabo actividades de exploración minera. Los miembros de la comunidad se quejaron de que la amplia presencia policial interfería con sus quehaceres diarios y limitaba su derecho a la libertad de circulación. Una comisión de observadores de los derechos humanos visitó la región y determinó que la presencia policial constituía de facto un estado de emergencia, puesto que restringía derechos como la libertad de circulación, de expresión y de asociación.
Una de las preocupaciones expresadas por las comunidades afectadas por el proyecto minero de Lurimagua es la ausencia de una consulta. En repetidas ocasiones, las autoridades de Ecuador han tratado de minar las reclamaciones de las comunidades respecto a una mayor participación, alegando que la expansión de la industria extractiva no sólo es necesaria, sino también beneficiosa, para el desarrollo de la nación. Aunque muchos argumentan que ciertos proyectos o leyes pueden aportar beneficios a las comunidades locales, es vital que las decisiones que afecten a sus derechos humanos se tomen de manera conforme con las normas internacionales de derechos humanos. Esto requiere que se respete el derecho de estas comunidades a la participación y la información, así como su derecho a ser consultadas.
Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que en los últimos años se han presentado cargos penales falsos contra dirigentes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado de obstaculizar su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. La organización ha documentado casos de dirigentes contra quienes se han formulado cargos por delitos como los de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, secuestro, asesinato, lesiones, robo, entrada sin autorización en propiedad ajena y obstrucción ilegal de vías públicas en el contexto de manifestaciones contra leyes y políticas, en particular las relacionadas con recursos naturales.