El pasado 27 de septiembre fue publicado en la página 2A del diario “El Vocero de Bolívar y su Gente” -periódico local de la ciudad de Guaranda- un anuncio a página entera titulado “Sospechosa presencia de la Sra. Gloria Chicaiza, alta dirigente nacional de la ONG Acción Ecológica, ecologista radical, internacional, con sede en Quito, estuvo en la Asamblea cantonal de Las Naves ¿porqué asistió?”, anuncio que expresamente dice haber sido publicado a costas de la empresa minera que realiza exploraciones en el lugar, CURIMINING S.A., propiedad de la empresa Salazar Resources Ltd.
El anuncio contiene cuatro fotografías de una reunión convocada por las fuerzas vivas de la provincia de Bolívar a la que asistió nuestra compañera Gloria Chicaiza, con pies de foto con los siguientes contenidos: “Gloria Chicaiza…”, “¿A quién y con qué finalidad toma fotografías?”, “Gloria Chicaiza con la ecologista radical de Tenguel provincia del Guayas, Sra. Ester Landetta. ¿Qué hacen en Las Naves?”, “Gloria Chicaiza utilizando su máquina computadora portátil. ¿Estará enviando por internet las fotografías que tomó?”, “Estará informando reportes de lo que está pasando? ¿A quién informa?”.
Más abajo, se lee una reseña de algunos segmentos de, supuestamente, nuestra publicación Alerta Verde: “Acción Ecológica diseña constantemente estrategias de resistencia y presión contra la OMC, ALCA. Estas se las difunden a través de manifiestos y documentos internos, en la participación en las instancias de Influencia: foros, debates, lobby, medios. Sosteniendo una posición documentada sobre los riesgos que implica el libre comercio en la agricultura”(1), precedida de la afirmación “ACCIÓN ECOLÓGICA ES UNA ORGANIZACIÓN ECOLOGISTA RADICAL QUE SE OPONE A TODO EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO INDUSTRIAL, Y POR LO TANTO A LA CREACIÓN DE EMPLEO, GENERACIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTADO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES POPULARES DE TODO EL ECUADOR”. Afirmación que posiblemente proviene de la empresa Curimining, quien solicita la publicación del anuncio, pues nosotros jamas hemos afirmado semejante ridiculez.
Adicionalmente añaden un cita incompleta del Boletín Alerta Verde No. 157 “El subsidio energético del estado se mide y expresa en combustible a bajo precio. Nadie paga lo que cuesta realmente el petróleo… y lo que es peor no se pagan ni los precios del mercado”, precedida de la frase “COMO SE PUEDE VER EN SUS DOCUMENTOS OFICIALES PRETENDEN QUE LOS ECUATORIANOS PAGUEMOS LA GASOLINA A PRECIOS MÁS ALTOS”(2). Obviamente la persona que redactó el anuncio cambia malintencionadamente la posición de Acción Ecológica al respecto.
En rotundo contraste, en la página siguiente se lee un artículo que promociona las actividades de la Empresa, destacando sus actividades de exploración de minerales y cómo ésta es “una empresa minera responsable que no ha dañado el ecosistema de la zona”.
Acción Ecológica recibe y comprende el anuncio mencionado como un acto malintencionado de intimidación y hostigamiento en contra de nuestra compañera Gloria Chicaiza y de toda nuestra organización, por lo que nos permitimos realizar las siguientes reflexiones y denuncia pública.
1.Los actos de oposición a la actividad minera en el país y el mundo entero, son legítimas y deseables en cualquier modelo Estatal de carácter democrático
Como bien lo ha destacado el Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales, en un rastreo realizado a las denuncias sobre abusos de las empresas transnacionales en los derechos humanos, “el sector extractivo (petróleo, gas y minería) domina ampliamente la muestra de abusos denunciados (3)” . Y de igual manera, como lo ha destacado en múltiples ocasiones la Representante Especial del Secretario General sobre la Cuestión de los Defensores de los Derechos Humanos, la actividad de defensa de los derechos relacionados con el medio ambiente es legítima y constructora de sociedades sensibles hacia los derechos de las comunidades más vulnerables, lo cual a su vez, impone una mayor vulnerabilidad para estos defensores(4).
2.La experiencia global de exploración y explotación de la minería demuestra cómo tales actividades son susceptibles de generar serios impactos en los derechos de las personas y colectividades en un amplio abanico de vulneraciones (5).
La denuncia de tales abusos, se convierte en un imperativo ético por parte de la sociedad civil, que además, en el caso ecuatoriano, se ve respaldada por el mandato constitucional que invoca a construir “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.
3.El formato del anuncio en el periódico arriba citado tiene un carácter claramente malintencionado que involucra no solamente a la empresa, sino al medio de comunicación que lo reprodujo.
En lo concerniente a la Empresa, reluce un lenguaje tendencioso que sugiere: a) que las actividades realizadas por nuestra organización son contrarias al orden constitucional y legal vigentes, al catalogarlas como “sospechosas”, b) que el carácter de nuestra organización atenta contra los intereses del Estado, al afirmar que nos oponemos “tanto a la generación de empleo, generación de recursos para el Estado y la reactivación económica de los sectores populares de todo el Ecuador”, c) que nuestra participación en una asamblea pública en la que se exponen testimonios y desacuerdos de los pobladores frente a la explotación minera responde a planes conspirativos, d) que la sociedad ecuatoriana debe rechazar nuestro quehacer en defensa de los derechos de la naturaleza, cuando se afirma que pretendemos hacer “que los ecuatorianos paguemos la gasolina a precios más altos».
En lo concerniente al periódico local, se destaca la decidida falta de fidelidad a sus deberes como medio informativo, al reproducir anuncios que atentan contra la integridad moral y física de los defensores de los derechos constitucionales. Recuérdese que el derecho de expresión e información conlleva una enorme responsabilidad social, que encuentra en sus bases el no respaldo a las apologías al odio, mucho menos tratándose de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.
4.Lejos de intimidarnos con un acto tan odioso y comprometedor como el realizado por la transnacional Curimining S.A., propiedad de Salazar Resources Ltd en nuestra contra, insistimos en nuestro quehacer en defensa de los derechos de la naturaleza, de denuncia de los impactos de tal industria extractiva y de promoción de los derechos de las comunidades insertas en conflictos de carácter socioambiental con absoluto apego a los mandatos de la Constitución de Montecristi.
Los actos de hostigamiento de las empresas mineras en contra de las comunidades en las que instalan sus operaciones y en contra de los defensores de estas comunidades, hablan por sí mismos del carácter no sustentable de esa actividad. A las vulneraciones a los derechos a la salud, ambiente sano y sumak kawsay se suma la flagrante violación a los derechos de expresión, de reunión y de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Por lo anterior, exigimos a la Empresa Salazar Resources Ltd:
Poner fin inmediatamente a toda acción de intimidación en contra de los líderes comunitarios de la zona en la que tienen lugar sus operaciones de exploración minera y en contra de nuestra organización y de sus miembros.
Las actividades de “espionaje” realizadas por dicha empresa en los escenarios de reunión comunitaria, en clara intolerancia hacia los defensores de los derechos de la naturaleza, exponen tendenciosamente a una integrante de nuestra organización generando alarma social en relación con nuestras actividades transparentes y legítimas. Dicho comportamiento constituye una verdadera afrenta en contra de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de 2008 como “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
Así mismo, invitamos a esta Empresa a retractarse de las afirmaciones inexactas, tendenciosas, insidiosas y consecuentemente calumniosas y degradantes realizadas en el anuncio publicado el 27 de septiembre en el diario local “El Vocero de Bolívar y su Gente”, en contra de nuestra organización y de nuestra compañera Gloria Chicaiza.
La empresa debería enfocar sus esfuerzos en cumplir sus obligaciones para con las comunidades descritas en los artículos 57-7, 61-4 y 398 de la Constitución de Montecristi y a conocer y respetar el marco de derecho internacional de derechos humanos vinculante para el Estado ecuatoriano y para los particulares que habitan en su territorio y operan en él, de respeto y protección de los defensores de los derechos humanos y en nuestro contexto interno, de la naturaleza.
En cuanto al medio de comunicación “El Vocero de Bolívar y su Gente” lo exhortamos a realizar sus actividades informativas con irreductible respeto de la vida e integridad física y moral de las personas, evitando reproducir panfletos intimidatorios del tipo aquí descrito y honrando en cambio a la Constitución de 2008 que impone a los ciudadanos el deber de abstenerse de realizar cualquier tipo de discriminación “que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”.
Instamos a las autoridades correspondientes al cumplimiento inmediato de las labores de vigilancia y control de las actividades empresariales susceptibles de generar impactos nocivos en el goce de los derechos de las personas, comunidades y la naturaleza y a concurrir de manera inmediata a la protección de los defensores de la naturaleza.
Atentamente,
Cecilia Chérrez
PRESIDENTA DE ACCIÓN ECOLÓGICA
C.I. 170159793-0
Notas:
1. El mencionado texto es en realidad parte de la descripción de nuestra organización en la página de INFODESARROLLO – www.infodesarrollo.ec
2. En realidad la publicación ALERTA VERDE No. 157 “Por un ecuador pos petrolero” de octubre del 2008 en las páginas 5 y 6 dice: “Cambiar el modelo actual de “desarrollo” supone una transformación radical de estas ecuaciones que tienen como variables el subsidio energético estatal; y el subsidio de la naturaleza, a los grupos de poder. El subsidio energético del Estado se mide y expresa en combustible a bajo precio. Nadie paga lo que cuesta realmente el petróleo, un recurso no renovable que tarda miles de años en producirse, y lo que es peor no se paga ni los precios del mercado. El subsidio por parte de la naturaleza se expresa en la generación de entropía, es decir disipación de energía y materiales -desechos- hacia el ambiente.
3. Informe E/CN.4/2006/97, Párr. 25
4. Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos. Folleto Informativo N 29. Disponible en. http://www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/index.htm
5. Se puede conocer sobre esto visitando la página web de varias entidades como Business and Human Rights (www.business-humanrights.org/) u OCMAL (www.conflictosmineros.net/)