Desde Acción Ecológica manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a las acciones que en defensa de sus derechos realizan pobladores y pobladoras de Tundayme (cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe), que han sido despojados de las tierras que usufructa para explotación minera la empresa china EcuaCorriente S.A. (Ecsa). Esta empresa es subsidiaria en el Ecuador de las empresas mineras Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated. Desde su instalación, Ecsa ha incumplido una serie de compromisos adquiridos con la comunidad, a la cual ahora desaloja para expandir la explotación de minerales.
Denunciamos las agresiones a las que está sometida la población en la Parroquia de Tundayme. Niñas, niños, ancianos, mujeres y hombres están viviendo una permanente violación de derechos fundamentales provocada por las actividades mineras que ECSA realiza en la zona.
En la madrugada del 30 de Septiembre de 2015, en un embate más de violencia, 12 familias de San Marcos fueron sacadas de sus viviendas por la Policía Nacional y guardias pertenecientes a la empresa de seguridad privada Serseivi -que actúa bajo órdenes de la empresa minera china-. Una vez que las familias fueron obligadas a salir, sin haber recibido ningún tipo de notificación del desalojo, sus casas fueron derrocadas de manera violenta. Las familias desconocen hasta el momento dónde se encuentran sus enseres.
Desde las primeras horas de esa mañana, operativos policiales limitaron el acceso a la parroquia Tundayme.
Acción Ecológica ha venido denunciando la vulneración de derechos que provocan las actividades mineras en los territorios, camufladas perversamente bajo el discurso del desarrollo económico, y sin respetar la opinión de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que allí residen.
Hemos denunciado el irregular proceso de adquisición de tierras en la zona de influencia directa del Proyecto Minero Mirador, las amenazas y hostigamientos con que se quiere someter a la población, los daños por contaminación en los ríos desde la fase de construcción, y otras afectaciones a la naturaleza y a la población que allí reside.
La población de Tundayme no ha sido consultada en relación a las actividades mineras, siendo ésta una ausencia de información corroborada por la Contraloría General del Estado.
Solicitamos el cese inmediato de las actividades mineras en Tundayme, en razón de que, las concesiones del Proyecto Mirador incumplieron con lo estipulado por el Mandato Minero 6-aprobado por la Asamblea Constituyente-, lo cual fue ratificado por la Contraloría General del Estado en su informe final en Septiembre del 2013, al haberse perfeccionado la concesión pese a este incumplimiento, esta concesión esta viciada de nulidad absoluta.
Exigimos la suspensión de los desalojos; la adopción de medidas urgentes que permitan remediar la situación de las 12 familias agredidas; la restitución de sus pertenencias; la reparación integral de sus derechos, incluyendo la intervención del Estado para establecer responsabilidades y sanciones de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales suscritas por el Ecuador en materia de Derechos Humanos.
Hacemos un llamado a la sociedad civil ecuatoriana e internacional a permanecer alerta ante la amenaza de desplazamiento forzado al resto de habitantes de la parroquia Tundayme y de otros proyectos mineros; y solicitamos a las organizaciones nacionales, regionales, mundiales, velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el Ecuador, donde existe una situación cada vez más grave de vulnerabilidad ambiental, así como de inseguridad, amenazas, intimidación a quienes se oponen a la minería.