El accidente del pasado día 2 en una mina artesanal en el sur de Honduras, en la que siguen atrapados ocho hombres, ha dejado al descubierto el riesgo que corren los obreros que buscan un oro cada vez más escaso sin ninguna protección. De los once mineros que quedaron atrapados el 2 de julio en el interior de la mina, solamente tres fueron rescatados con vida, mientras que de los ochos restantes aún no se sabe el sitio exacto donde quedaron. Los malos olores que comenzaron a sentirse en el sitio tres días después del accidente hicieron presumir a los miembros de los cuerpos de socorro que lo peor había pasado con los ocho mineros, aunque oficialmente no hay una declaración de que estén muertos. Cinco días después del accidente los cuerpos de socorro hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, coordinados por la gubernamental Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) suspendieron por tiempo indefinido las tareas de búsqueda y rescate por el peligro que representa la inestabilidad del suelo. La mina se localiza en San Juan Arriba, jurisdicción de El Corpus, en el departamento de Choluteca, colindante con Nicaragua. El Gobierno comenzó a brindar ayuda a los familiares de las víctimas del accidente, mientras socorristas continuaban esta semana cerca de la lacerada montaña para ayudar a los mineros que, en solidaridad con sus ocho compañeros, se arriesgaron por su cuenta a continuar el trabajo de búsqueda y rescate «vivos o muertos». Sin embargo, el viernes los mineros decidieron suspender definitivamente las labores de rescate de sus ocho compañeros atrapados, después de aferrase a la idea de que permanecerían en el lugar el tiempo que fuera necesario. «Decidimos ya no seguir en el rescate por el peligro», dijo el viernes uno de los mineros en una rueda de prensa en San Juan Arriba. Agregó que «no se puede seguir arriesgando vidas humanas» porque «ya son ocho los que están adentro» de la mina. Con algunos de los mineros, al principio, daba la impresión de que no creían en el informe de los bomberos, geólogos y otros expertos sobre el grave peligro que se corre en el interior de la mina por los frecuentes derrumbes de piedras y otros materiales. Pero al final se convencieron de que los soterrados podrían ser más de ocho si seguían exponiéndose a la trampa mortal en que se ha convertido. Antes de la última decisión que han tomado los mineros, las autoridades locales de El Corpus habían convenido con algunos de ellos que toda actividad en la mina sería paralizada durante un mes. Entre la conmoción por lo ocurrido, familiares y amigos de los ocho mineros soterrados siguen abrigando la esperanza de un rescate, «vivos o muertos», mientras que las opiniones sobre el cierre o no de la mina están divididas. Algunos pobladores consideran que la mina no puede ser cerrada porque desde hace varios años ha sido la única fuente de ingreso para sostener a su familia, en tanto que uno de los tres rescatados un día después del accidente dijo que, por temor a morir soterrado, no regresará al sitio y que prefiere buscar otro tipo de trabajo. Otros creen que la mina puede seguir operando bajo estrictas normas de seguridad, como lo hace la minería industrial, sin faltar los que son de la opinión de que se cierre definitivamente como un homenaje a los ocho soterrados. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, además de haber prometido ayuda a los familiares directos de los once mineros que sufrieron el accidente, también ha denunciado que empresarios ligados al crimen organizado estarían en la actividad minera artesanal por lo que pidió al Ministerio Público que investigue. En opinión del sociólogo Pablo Carías, «el Estado de Honduras no tiene los recursos tecnológicos, ni el personal humano, ni las herramientas necesarias para hacer estudios de los suelos y determinar los riesgos que implica» una explotación minera segura. «Uno quisiera ver un Estado con capacidad para definir políticas en el sector de la minería congruente con las necesidades que tiene el país», dijo Carías a Efe. Y agregó que hay empresarios del sector que se aprovechan de los altos índices de desempleo que sufre el país y contratan empleados para que trabajen en las minas sin garantías de seguridad, lo que debe dar pie, defendió, a una investigación y sanción a los que atentan contra la protección de los obreros. El caso de la mina de San Juan Arriba debería de ser un «aldabonazo para rectificar muchas cosas», entre ellas, que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras comience a formar profesionales en minería, según Carías. Los pobladores del sector de El Corpus esperan que el ofrecimiento del Gobierno, de brindarles ayuda incluso a través de proyectos agrícolas, llegue pronto y que la pérdida de ocho hombres acabe con la inseguridad y la muerte de mineros que extraen un oro que enriquece a otros. (Agencia EFE)
