María Jeanette Moya
21/01/2010
A pesar de la ausencia de la intendenta Viviana Ireland y la directora regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Carla Peña, los nueve seremis presentes en la reunión decidieron procesar a la empresa canadiense porque el material particulado que levantan sus faenas acelera los deshielos y ponen en serio peligro el abastecimiento de agua en el Valle del Alto del Carmen en la tercera región.
Sin embargo, según expresó el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, otro tipo de intervenciones peligrosas denunciadas por la Dirección General de Aguas no fueron consideradas por la Corema, tales como el tránsito de camiones por un brazo del río Estrecho y la extracción ilegal de agua por parte de la minera Barrick.
“Si bien no se consideraron todas las infracciones, porque hay algunas que tienen que ser procesadas directamente por los servicios involucradas, lo importante es que sobrepone la intervención ilegal que está haciendo Barrick sobre el río El Estrecho y las actividades que están afectando un glaciar. Se abrió un proceso de sanción que en las próximas semanas debiera determinar la cuantía de las sanciones que se van a tomar”, afirmó Cuenca.
Las sanciones a las que se expone la empresa canadiense por los daños que está causando en la región de Atacama van desde una multa en dinero hasta la revocación del permiso ambiental y, por tanto, la suspensión total del proyecto.
Sin embargo, este último es un escenario bastante difícil pues, según denuncia Lucio Cuenca, las autoridades tienen una actitud permisiva con el proyecto minero binacional Pascua Lama.
“Las sanciones son dinero, que puede llegar, entiendo, hasta la mil UTM, podría suspenderse temporalmente. El proceso de sanción puede revocar hasta el permiso ambiental, la sanción más dura. Eso ya está en manos de los servicios públicos involucrados y de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. En realidad, acá hay una actitud de la Conama regional de indulgencia con la empresa”, aseguró Cuenca.
En tanto el representante del Consejo de Defensa del Valle del Alto del Carmen, Luis Faura, valoró la decisión de la Corema, pero coincidió con OLCA sobre la necesidad de tener cautela y esperar a que efectivamente se castigue a la minera canadiense.
“No apuntaría a victoria tan pronto, porque estos procesos normalmente no nos favorecen mucho, primero se tendría que ver qué tipo de sanción va a haber y si va a haber sanción o no, porque aquí tendrían que haber varios considerandos que podrían sancionarse y por no estar en las resoluciones del año 2001 o 2004 quedan fuera, pero siguen trabajando”, afirmó Faura.
Barrick tiene un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos ante la Comisión Regional del Medioambiente. El organismo deberá volver a evaluar el proceso y determinar finalmente la sanción contra la minera canadiense responsable del proyecto Pascua Lama.