El abogado Renato Prenafeta, representante de 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados al interior del yacimiento San José, en la III Región, indicó que se está alistando la demanda contra la empresa y que la decisión de la fiscalía de no perseverar en la causa penal no será un impedimento para ganar el caso en la justicia civil.
Prenafeta dijo que el problema en este caso fue que la legislación no contempla sanción para una situación como la que vivieron los mineros: “El problema es que acá (en Chile) el daño sicológico no tiene sanción penal, salvo en algunas situaciones específicas, como es la violencia intrafamiliar”.
El persecutor agregó que “tenemos un accidente que es cuasidelito, pero no hay personas fallecidas ni lesionadas, (que son) las lesiones que se conocen en nuestro derecho. Por lo tanto, no es fácil configurar un ilícito”.
Prenafeta señaló también que en la arista civil se demandará a una empresa porque “se trató de un accidente del trabajo. Así fue señalado en su momento por las mutuales y, por lo tanto, tenemos cinco años para ejercer las acciones”.
El representante de los mineros indicó que la próxima semana se reunirá con los trabajadores para analizar las repercusiones del cierre de la causa penal y determinar “si podemos o no reabrir la investigación si hay un antecedente nuevo”. En tanto que ayer, uno de los coordinadores del rescate, Miguel Fort, indicó a Cooperativa que aspectos políticos no permitieron que se levantara toda la evidencia necesaria.
El ingeniero señaló que intentó “ser parte integrante de los que bajaban a buscar a los mineros para aprovechar de hacer el balance final de qué pasó geomecánicamente adentro, con fotos y mediciones”.
Manifestó también que “como se transformó en un problema más bien político que de técnica de rescate, no se hizo esa acta. Esa forma de ver las cosas es la que entrega los resultados lógicos que son viables. En este caso, a la fiscalía le llegó la información sesgada, no llegó total; por lo tanto, ellos obran en derecho”.
Matías Insunza, uno de los abogados de los dueños de la mina, señaló que “la fiscalía hizo una investigación rigurosa, con todos los técnicos y expertos en la materia. Emitieron todos los informes periciales pertinentes para que la fiscalía llegara a la convicción de que aquí no existía responsabilidad penal de mis representados”.