La Autoridad Nacional del Agua está avanzando en elaborar el marco metodológico para la delimitación y estudio de vulnerabilidad de las cabeceras de cuenca, pero a medida que ahonda en el tema más se convence de que esto no es necesario, dijo su jefe, Abelardo La Torre.
Este tema es “una papa caliente que es tremenda”, sostuvo.
Consideró que la Ley 30640, que modifica el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos en materia de cabeceras de cuenca no dice nada nuevo.
“Hemos estudiado mucho desde que nos han sacado la ley y estamos trabajando en ello. Hemos estudiado mucho la normatividad nacional, de lo que se trabaja en diversas partes del mundo. Hemos traído expertos para que nos ayuden a analizar”, dijo.
“Pero la legislación peruana no necesita una norma más para preocuparnos por la cabecera de cuenca… Todo está en las leyes ambientales. No hay nada más que se pueda pedir a alguna mina que estuviera pretendiendo actuar en la cabecera de cuenca”, agregó.
Consideró que el trasfondo de esto es la desconfianza que existe en los dictámenes de los organismos responsables por hacer cumplir las normas.
“El problema es que luego sale una serie de oposiciones a las decisiones tomadas, movilizan a la población, que ni siquiera entiende por qué se moviliza, y entonces hacen políticamente una resistencia que se prolonga eternamente, como Tía María, por ejemplo”, dijo.
Conflicto por agua
Sin duda, el uso del agua ha estado y estará en el centro de atención cuando se habla de minería, pero es necesario desmitificar puntos de los que se han valido los opositores de esta actividad extractiva, dijo De la Torre.
Uno de ellos es que las minas usan abundante agua para sus operaciones o que la agricultura y pobladores se iban a quedar sin el líquido.
“Hay políticamente una actitud de limitar la minería en casi todo el país”, afirmó el funcionario, quien además consideró que existe un exceso de regulación que ha estado entorpeciendo las inversiones y “ha hecho la vida muy difícil para que se inicien las obras”.
De la Torre precisó que un 80% del agua del país lo consume la agricultura, un 10% es de uso poblacional, un poco menos es usado en la industria y menos del 1% es utilizado por la minería formal.
El agua que este sector tiene permitido utilizar está siendo constantemente reciclada por las propias empresas ante el temor de contaminar. “No les queda más que reincorporar en su sistema la misma agua y eso tiene un costo y es elevado”, dijo.
Necesita dientes
El jefe de la ANA afirmó que el organismo está avanzando en una simplificación administrativa, pero informó que está recomendando algunos ajustes en sus funciones. Uno de ellos es que pueda hacer efectivas sus sanciones.
“Nosotros multamos, pero no se puede cobrar porque la ley no nos dio la posibilidad. Ellos ponen una cautelar en el Poder Judicial y ahí quedó todo. Se acabó. Eso no puede ser”, sostuvo.
Las zonas al lado de los ríos no deben ser ocupadas porque son zonas de alto riesgo, sin embargo las ocupan y la ANA no puede hacer nada, continuó. Se les dio las facultades a los municipios, pero algunos de ellos han negociado la venta de esas tierras y terminan con agua, luz, calles y la ANA está atada de manos, sostuvo.
“Entonces, estamos buscando un dispositivo para que a la ANA le den dientes para poder hacer efectivos sus mandatos. Ese es uno de los cambios más importantes que estamos buscando ahora”, dijo.
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