Cooperaccion 26/07/2022
Presidente Pedro Castillo
(Editorial Boletín Actualidad Minera del Perú – julio 2022)
Estamos próximos a que se cumpla un año de gobierno del presidente Castillo. Por lo tanto, es tiempo de balance y al mismo tiempo de recordar las expectativas que se generaron al inicio y los ofrecimientos que se hicieron.
Presidente Pedro Castillo (Foto: Infobae)
Hace un año escribíamos en este boletín que era un hecho simbólico que, precisamente, “en el año del bicentenario, el Perú haya elegido como Presidente de la República a un maestro rural, rondero y agricultor. Un personaje que simboliza a todo aquello a lo que el Perú oficial le dio la espalda en estos 200 años de vida republicana”.
En la misma línea el presidente, en su primer discurso en el Congreso de la República, le decía al país lo siguiente: “Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos”. “Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corren por mis venas. Que yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres y que a pesar de eso yo también los vi resistir. Que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo y que fueron también estas manos de campo las que cargaron y mecieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia de ese Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia”.
Pero hemos señalado que es tiempo de balances. En materia de las actividades extractivas y de agenda ambiental, se anunciaron varias líneas de acción: que los proyectos mineros debían tener un criterio de rentabilidad social, que tenían que dinamizar la economía local, regional y nacional; aportar al ingreso nacional; con salarios y condiciones de trabajo justas; con transferencia tecnológica y que promuevan y preserven la cultura y el medio ambiente. “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, no va», afirmó hace un año el presidente Castillo. También anunció que su gobierno estaba dispuesto a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales.
En materia ambiental, se ofreció crear y poner en marcha instrumentos estratégicos como el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y el de Metales Pesados, Metaloides y Sustancias Químicas Tóxicas, entre otros: “Necesitamos un Ministerio del Ambiente que sea capaz de poner freno a la degradación ambiental, la deforestación de nuestros bosques, la vulnerabilidad frente al cambio climático, que garantice estándares de calidad ambiental, que apueste por una minería sostenible, así como un tránsito a una economía socialmente inclusiva, baja en carbono”. También habló de la Amazonía y de ordenamiento territorial: “La Amazonía es la principal herencia que dejaremos a las próximas generaciones y cumpliremos nuestras responsabilidades con esta parte del mundo. Es mi compromiso”.
¿Cuánto se ha avanzado en este año? ¿Cuán encaminados están todos estos anuncios? Si bien un año puede ser un período corto para exigir resultados concretos, algunos indicadores de que se va en la buena dirección, deberían mostrarse.
Sin embargo, lo que se puede apreciar es que el balance es claramente negativo. Sectores como el de la minería y en general el de los sectores extractivos y del Ambiente, han sido pésimamente manejados, con total improvisación; y las instituciones, lejos de haberse fortalecido, se han debilitado. Ninguna decisión trascendente ha sido tomada y estas carteras, como ha ocurrido con casi todo el aparato del Estado, han sido parte del desorden generalizado y se han caracterizado también por el intercambio de prebendas políticas.
Algunos hechos. El Perú ha sido suspendido por el Consejo Internacional de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, debido al incumplimiento de la entrega del VIII Informe Nacional de Transparencia, lo que fue responsabilidad directa del Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, producido el derrame de Repsol, quedó en evidencia que no había mayor capacidad de respuesta del Ministerio del Ambiente, ante la grave situación de contaminación que se generó. De hecho, han pasado seis meses del derrame y los afectados siguen esperando soluciones y la zona afectada no ha sido recuperada.
El manejo de los conflictos sociales también ha sido caótico, plagado de improvisación y sin ninguna capacidad para entender la verdadera dimensión de las demandas y lo que está en juego. Desde las torpezas iniciales del primer Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que pensó que, siendo de la zona y llegando en caballo a Chumbivilcas, el conflicto se iba a solucionar; hasta la situación actual, en la que se sigue implementando una estrategia reactiva, con las agotadas mesas de diálogo que, en mejor de los casos, logran treguas con plazos cada vez más cortos.
Por otro lado, actividades ilegales como la minería, la tala y el narcotráfico, siguen expandiéndose, con mucha violencia, depredando la Amazonía, nuestros bosques primarios y amenazando a nuestros pueblos indígenas. En relación a la minería ilegal, el Congreso y el Ejecutivo han ampliado los plazos para la supuesta formalización que no avanza, lo que en la práctica ha sido darle luz verde para que sigan expandiéndose.
La anunciada reforma tributaria y sobre todo la vinculada a la minería, ha sido dejada de lado, luego de los esfuerzos iniciales que hizo el ex ministro de Economía, Pedro Francke. Mientras tanto, países vecinos como Chile y Colombia, muestran voluntad y decisión para avanzar en materia de justicia fiscal.
En fin, un recuento rápido y todavía parcial muestra que en un año muchas de las promesas de reformas anunciadas han sido encarpetadas. En apenas 12 meses, el gobierno del presidente Castillo ha envejecido prematuramente y la situación actual, de crisis política y social, es de pronóstico reservado.
Publicado en el Boletín Actualidad Minera # 277 (julio 2022)