El 5 de junio de 2009 –hace ya 8 años- el país amanecía con la noticia del violento desalojo contra los indígenas que tenían 53 días bloqueando la carretera Fernando Belaúnde en Bagua, Amazonas. Los enfrentamientos dejaron al menos 33 personas muertas y un desaparecido, entre Policías, nativos y mestizos. El «Baguazo» fue expresión de un movimiento indígena alzando la voz y pidiendo respeto, y de un sistema político que no estaba preparado para escuchar esa voz. ¿Hemos aprendido la lección?
A la luz de los hechos recientes, parece que no. El territorio amazónico sigue siendo asediado por todos los flancos, poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas, así como la biodiversidad y, sin duda, el futuro del medio ambiente del cual dependemos todos y todas.
Tan solo la semana pasada, nuevamente el Gobierno peruano ha actuado en contra de la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas, PerúPetro y las empresas petroleras Pacific Stratus Energy y Maurel et Prom. han apelado la decisión judicial que obligaba a someter a consulta previa, libre e informada la concesión y exploración del Lote 116, en Amazonas. Argumentando formalismos, tanto el Estado como las empresas pretenden desconocer un hecho evidente: que la consulta es un derecho desde que Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1993, y que la concesión del Lote 116 no ha sido consultada. Precisamente la misma omisión que llevó al Baguazo, cuando el gobierno de García quiso imponer sin consulta un conjunto de decretos que afectaban la Amazonía para «adecuar» nuestra legislación al TLC con EEUU.
En la misma región, los pueblos awajun y wampis siguen enfrentando la presencia de otra empresa que opera sin consulta y pasando por encima las normas vigentes: la minera Afrodita, instalada en la megadiversa Cordillera del Cóndor. Pese a no contar con autorizaciones legales para ocupar el territorio indígena, la empresa aún no cumple con retirarse, atizando un conflicto que ya estaba activo en tiempos del Baguazo y que fue una de las razones que estuvieron detrás de la protesta de entonces.
A las amenazas extractivas hay que sumar la construcción de carreteras sin consulta, que incentivan la llegada de actividades ilegales de difícil control, como la tala y la minería ilegal. No ha bastado con el ejemplo de la sobrevalorada y corrupta carretera interoceánica sur, tras la cual la minería ilegal creció exponencialmente devastando la selva de Madre de Dios. Sin ir más lejos, muy recientemente el propio Congreso ha aprobado una Ley que declara de interés nacional la «conectividad» de la provincia de Purús, en Ucayali, respondiendo a una vieja iniciativa del congresista fujimorista Carlos Tubino para construir una carretera. Si bien la Ley se refiere a la «intermodalidad», no excluye la carretera, que podría conectar fácilmente a los mineros ilegales de Madre de Dios con la Reserva Comunal de Purús, una zona de gran biodiversidad.
Y ya que hablamos del Congreso, agreguemos que esta peligrosa Ley debería haber sido consultada a los pueblos indígenas, pero el proyecto para regular la consulta previa legislativa aún no avanza. Recordemos que el Convenio 169 obliga a consultar toda medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, pero la Ley de Consulta sólo se refiere a los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Es urgente que también el Congreso se sepa obligado a escuchar y dialogar con los pueblos indígenas buscando el consentimiento y el respeto a sus prioridades de desarrollo.
En Ucayali también es de gran preocupación la incontrolable tala ilegal. Hace tres años fue asesinado Edwin Chota junto con otros tres líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, quienes denunciaban el ingreso de madereros ilegales. Recordemos que una investigación destapó que hasta el 90% de la madera exportada por Perú a EEUU tendría origen ilegal. Pese a este escándalo, hace muy poco el propio MINCETUR avaló el envío a ese país de un cargamento de madera ilegal incautada en Iquitos y valorizado en más de S/1.6 millones. La lucha contra esta actividad que también devasta el territorio amazónico sigue arrastrando los pies.
Pero la problemática de los pueblos indígenas también ha llegado a la propia Lima, cuyas autoridades también han mostrado indolencia y falta de capacidad para escucharlos. Hoy, que está en cuestión la calidad de la obra del «by-pass» impuesto por la Municipalidad de Lima en la avenida 28 de Julio, no podemos olvidar que el mismo fue realizado sacrificando el proyecto de vivienda que iba a beneficiar a la comunidad shipiba de Cantagallo.
Pese a todas estas amenazas –e incluso a costa de su propia vida y de la criminalización y judicialización que enfrentan- los pueblos indígenas siguen organizándose con tenacidad. Comunidad por comunidad, cuenca por cuenca, región por región, siguen luchando por garantizar un futuro sostenible para sus pueblos, para sus hijos e hijas, y –por qué no decirlo- para la humanidad toda, que depende de la protección de la Amazonía para enfrentar el cambio climático.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/729-a-8-anos-del-baguazo