MÉXICO (Agencias).- Los grupos delictivos que supuestamente operan y controlan la minería de pocitos en la Región Carbonífera de Coahuila podrían estar coludidos no sólo con los “narcoempresarios”, como denunció el ex gobernador de la entidad, Humberto Moreira Valdés, sino también recibir protección de políticos a nivel local y federal, revela este domingo una investigación del diario Vanguardia. El periódico, con sede en Saltillo, refiere que una serie de “oscuras” coincidencias rodean la presunta participación de grupos criminales en la extracción de carbón y hacen suponer incluso que estarían recibiendo protección en muchos ámbitos, desde el Poder Legislativo Federal hasta en una gran red de complicidad con cuerpos de seguridad de todos los niveles.
“Así, en las últimas semanas se han registrado hechos de violencia que parecieran estar conectados con multimillonarios negocios de la minería, sobre todo luego de la información difundida por el ex gobernador Humberto Moreira; el ex titular de la Secretaría Federal del Trabajo, Javier Lozano; un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y diversas autoridades estatales, en el sentido de que estos grupos lavan millones de pesos con minas de Coahuila”, expone ese medio.
Entre las coincidencias que encuentra en su investigación destacan:
Hace un mes, cuando tras votar en pleno la Reforma Laboral en el Congreso Federal, “alguien” mutiló el documento y eliminó un párrafo con el que se prohibían los pocitos de carbón, por lo que al llegar el escrito al Senado de la República, algunos legisladores hacen el señalamiento y piden una Fe de Erratas, que no procede.
Aunque diputados federales de las distintas bancadas, así como algunos senadores, se preocupan por hacer el señalamiento, de los más de 700 legisladores federales en las dos cámaras ninguno ha sido capaz de presentar una denuncia por la alteración del documento… como aparentemente tampoco lo ha hecho el departamento jurídico del Legislativo Federal ni el Estado de Coahuila, principal afectado, ni la STPS, que desde hace un año había documentado la infiltración del crimen organizado en la minería, al igual de la CNDH.
Tampoco ha reaccionado en este sentido la Secretaría de Gobierno ni la SEIDO.
Otra de las coincidencias que destaca el diario se registró el 3 de octubre, cuando por la mañana trascendía que era cuestión de horas para que el Gobierno de Coahuila anunciara una depuración del padrón de proveedores de carbón (micro y pequeños) de la Prodemi. Ese mismo día, después de las 13:00 horas, GATES enfrentaban en Piedras Negras a un grupo de hombres armados.
Durante la balacera, cinco hombres armados fueron abatidos, entre ellos Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño, “Z-40”, uno de los dos máximos líderes de Los Zetas. Las autoridades estatales desconocían del parentesco del fallecido con el líder criminal, por lo que entregaron el cuerpo a una ciudadana americana que se identificó como la esposa.
Ya para cuando el cuerpo de Treviño Chávez fue entregado, Heriberto Lazcano, “El Lazca”, habría dicho al “Z-40” que él se encargaría ordenar la muerte de un sobrino del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, al cobrar “familia por familia”, según reveló Carlos Arnulfo Flores, “El Flaco”, uno de los dos gatilleros a quienes se les atribuye la ejecución de José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador Humberto Moreira.
El encargo de ordenar la ejecución habría sido “El Lazca”, quien por dichos de Humberto Moreira , operó durante muchos meses dos pocitos de cabrón en la zona del municipio de Progreso, esos que quedarían al descubierto con la intención de las autoridades estatales de rasurar el padrón de Prodemi eliminando el “coyotaje”.
Días después, el 7 de octubre, “El Lazca” fue abatido por militares y su cuerpo robado.
La tercera “oscura” coincidencia a la que hace referencia Vanguardia se presentó el 31 de octubre, cuando Grupo Reforma difundió que las empresas Impulsora JBN, Perforaciones Técnicas Industriales y Minera La Misión, están siendo investigadas por nexos con grupos delictivos, luego de que días antes, el 24, el ex gobernador y ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira, había destapado la presencia de “narcomineros” en Coahuila.
El señalamiento de una de las empresas involucradas es que justo esos días habían iniciado el proceso para conseguir un contrato anual de casi 5 mil millones de pesos para proveer carbón a la CFE, por lo que pedirían que se investigue si esta acusación está relacionada con la disputa comercial.